Editorial-. La política española vuelve a enfrentarse a uno de sus peores reflejos: la mentira institucionalizada. En las últimas semanas, hemos conocido varios casos de responsables públicos que falsearon su currículum académico para maquillar su trayectoria. Lo que debería ser una anécdota individual, una mancha en el expediente de algún dirigente despistado, se está convirtiendo en un patrón de descrédito colectivo.
El último en caer ha sido José María Ángel Batalla, alto cargo socialista en la Generalitat Valenciana, obligado a dimitir tras revelarse que su supuesto título universitario era inexistente. Poco antes, Ignacio Higuero, consejero de Vox en Extremadura, también abandonó su cargo al comprobarse que su licenciatura en Marketing era una invención. Casos como el de Noelia Núñez (PP) o el del vicepresidente canario Manuel Domínguez, cuyo currículum oficial incluía titulaciones no homologadas, completan un mapa desolador.
Ningún partido se libra. Desde el célebre “caso Cifuentes” hasta escándalos más recientes, la clase política española ha hecho del currículum embellecido una forma de proyección pública, sin medir las consecuencias éticas ni políticas. El problema ya no es solo la mentira individual, sino la falta de controles, la tibieza de los partidos al responder y, sobre todo, la normalización de una práctica que socava la credibilidad del sistema.
En una sociedad donde los jóvenes se endeudan para estudiar, donde los profesionales luchan por cada mérito ganado con esfuerzo, es inadmisible que quienes ostentan poder se permitan atajos tan desvergonzados. Mentir sobre la formación no es solo una cuestión de vanidad; es una forma de fraude público. Y el silencio cómplice convierte el error personal en una mancha estructural.
Si la democracia se basa en la confianza, estos episodios la erosionan desde dentro. La ciudadanía no exige que sus representantes sean doctores cum laude, pero sí que sean honestos. No es una cuestión de títulos, sino de valores. Y cuando la mentira se institucionaliza, la política pierde su legitimidad.
Por ello, urge una reacción clara. Verificación pública de titulaciones, transparencia curricular obligatoria, sanciones internas y, por supuesto, dimisiones automáticas. No basta con borrar un título de una web institucional cuando salta el escándalo. La ejemplaridad se demuestra antes, no después.
La regeneración democrática no se hace solo con grandes discursos. Empieza en lo pequeño, en lo aparentemente técnico: reconocer que un título no da valor político, pero falsificarlo lo quita todo. Porque el daño que hacen unos cuantos a la imagen de todos es ya demasiado profundo.
La titulitis la padecemos desde hace muchos años.
Pero también hay que tener en cuenta las dificultades que ponen las instituciones para consultar si fulano de tal ostenta un título académico o no, lo que vuelve casi misión imposible el poder confirmarlo.
Es que las dificultades alcanzan hasta al propio titular para conseguir una copia de su expediente académico.
A mi me gusta la pregunta de la encueta deesta semana: «¿Dimisión obligatoria para todo aquel que falsifique su formación académica?»
La dimisión se supone que es algo voluntario. Lo que es obligatorio es la expulsión o destitución, y aún así, qué tipo de expulsión: de cargo público o de un partido político. Se nota que fue redactado por un burricalvo analfabeto funcional puesto que la redacción suena a mezcla entre cuñadismo indignado y redactor de clickbait con resaca.