El Tribunal Supremo ha determinado que la exhibición de la bandera arcoíris en edificios públicos con motivo del Día del Orgullo, el 28 de junio, no infringe la normativa sobre el uso de banderas oficiales ni los principios de neutralidad y objetividad de las Administraciones Públicas. La decisión se centró en casos ocurridos en Valladolid y Zaragoza, donde este símbolo fue colocado en la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, respectivamente.
Según la sentencia, la bandera LGTBI no sustituye ni subordina a las enseñas oficiales, ni representa un símbolo partidista. El alto tribunal argumenta que este gesto promueve valores constitucionales como la igualdad y la no discriminación, reconocidos también en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Resolución de recursos y marco legal
La decisión zanja dos recursos de casación interpuestos por la Asociación de Abogados Cristianos contra fallos previos relacionados con el uso de esta bandera en edificios públicos. En uno de los casos, el Supremo anuló una sentencia que respaldaba la prohibición de exhibir la bandera en Valladolid.
El tribunal señaló que la Ley 39/1981, que regula el uso de banderas oficiales, no se aplica en estos supuestos y destacó que las leyes sobre igualdad, como la Ley 15/2022 y la Ley 4/2023, respaldan iniciativas que fomenten el respeto y la inclusión de las personas LGTBI.
No obstante, la decisión contó con un voto particular discrepante del magistrado José Luis Requero, quien considera que la colocación de la bandera arcoíris infringe la neutralidad administrativa al asociarse con postulados ideológicos controvertidos. Requero argumenta que este gesto supera las competencias de las administraciones públicas y puede ser percibido como una toma de postura ideológica.
