El Gobierno de España ha iniciado un proceso de diálogo con la Comunidad Autónoma de Aragón para abordar la legislación sobre Memoria Democrática, marcando un precedente importante en la gestión de políticas de memoria histórica. Esta iniciativa, que también podría extenderse a la Comunitat Valenciana y Castilla y León, se produce en un momento de revisión y posible confrontación judicial sobre las normativas autonómicas vigentes.
El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado hoy tras el Consejo de Ministros, que el diálogo se enmarca dentro del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Este artículo permite al Gobierno central solicitar la revisión de normativas autonómicas ante el Tribunal Constitucional si se considera que contravienen la legislación estatal o los compromisos internacionales de España.
Esta decisión se toma después de recibir un informe de relatores de las Naciones Unidas que cuestiona las llamadas leyes de «concordia» propuestas por Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana. Dicho informe destaca la falta de referencia explícita a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo y sugiere que las nuevas leyes podrían omitir aspectos cruciales como la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas.
El Gobierno español ha activado estas consultas con el objetivo de adaptar las legislaciones autonómicas a los estándares internacionales en derechos humanos, preservando así la dignidad de las víctimas y la memoria histórica del país. Además, ha manifestado su intención de dialogar con todas las comunidades implicadas para encontrar una solución consensuada que respete los principios de Memoria Democrática y los compromisos internacionales de España.
Las autoridades nacionales han expresado su preocupación por el potencial impacto negativo que las leyes autonómicas actuales podrían tener en la imagen internacional de España en materia de derechos humanos y han reiterado su disposición al diálogo para evitar acciones legales que pudieran polarizar aún más la situación.
El ministro Torres ha enfatizado la importancia de no desacreditar las observaciones de organismos internacionales como la ONU, y ha pedido un enfoque constructivo y abierto para garantizar que las leyes autonómicas se alineen con los estándares globales de derechos humanos y memoria histórica.
