La Junta de Castilla y León ha elevado una exigencia contundente al Ministerio de Educación, solicitando que financie en su totalidad las plazas de ayudante doctor necesarias para cumplir con los mandatos de la Ley Orgánica de Universidades (LOSU). Esta postura se ha destacado durante la Conferencia General de Política Universitaria, donde la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha subrayado la importancia de asegurar los recursos financieros para garantizar la implementación exitosa de la normativa.
Lucas enfatizó: «Es imprescindible que el Ministerio asuma el 100% del financiamiento durante el periodo transitorio para estas nuevas contrataciones, impuestas por una ley aprobada sin consenso». Esta medida, según indicó, será crucial dado que estas contrataciones se convertirán en un elemento estructural en los sistemas universitarios, y las comunidades autónomas tendrán que hacer frente a su financiación.
En respuesta a la solicitud conjunta de varias autonomías, la ministra ha ofrecido inicialmente duplicar la financiación previamente planteada. No obstante, la Junta de Castilla y León ha anunciado que analizará en detalle esta propuesta antes de tomar una decisión al respecto.
Además del aspecto financiero, la consejera ha instado a que cualquier compromiso financiero del Ministerio se destine de manera específica a las comunidades autónomas y que se reactive el grupo de trabajo encargado de la correcta implementación de la LOSU.
La titular de Educación de la Comunidad expresó su descontento por la falta de avances en dicho grupo, señalando que las propuestas de las administraciones autonómicas no están siendo debidamente consideradas. También manifestó su preocupación por la falta de comunicación directa con los consejeros, quienes se han enterado por los medios de comunicación de propuestas que afectan directamente a la implantación de la nueva normativa.
