La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con sede en Valladolid ha dictaminado la nulidad total del Decreto 35/2022, de 22 de septiembre, que establecía el calendario de fiestas laborales en la Comunidad de Castilla y León para el año 2023.
La decisión judicial es la respuesta contundente al recurso contencioso-administrativo presentado por Comisiones Obreras, y se traduce en una obligación para la Junta de Castilla y León de sufragar las costas procesales. La sentencia también impone la publicación oficial del fallo en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl).
Destaca la resolución judicial que «Resulta evidente que la Administración demandada no ha consultado efectivamente al Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León la propuesta de calendario laboral de 2023 que definitivamente ha aprobado y ha ignorado el diálogo social y la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones sindicales y empresariales que representan los intereses y las necesidades del sistema productivo afectado fundamentalmente por la regulación del calendario laboral»
El TSJ también critica la falta de justificación en la Memoria del proyecto de Decreto sobre la supresión del traslado al lunes de la festividad de la Comunidad de Castilla y León, el 23 de abril, en favor de la fiesta del 25 de julio. La participación de las Comunidades Autónomas en la fijación de las fiestas laborales busca que puedan establecer aquellas que les son propias por tradición. En este contexto, la sentencia resalta la importancia de la festividad del 23 de abril, instituida por la Ley 3/1986, de 17 de abril, y recuerda que su traslado al lunes ha sido una práctica seguida en años anteriores, sin que se justifiquen las razones para cambiar esta costumbre.
