En una decisión que impactará positivamente en Castilla y León, el Gobierno de España ha destinado una inversión de 22,8 millones de euros para impulsar programas sociales de interés general dentro del tercer sector. Esta asignación, proveniente del 0,7% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, busca fortalecer iniciativas que atiendan a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, detalla el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En total, se distribuirán 295 millones de euros entre las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, siendo 22,8 millones asignados a Castilla y León.
Estas subvenciones tienen como objetivo primordial financiar programas de interés general que aborden las necesidades sociales, especialmente aquellas relacionadas con la atención a personas en situación de pobreza y exclusión social. Podrán acceder a estos fondos entidades del tercer sector que cumplan con la legislación vigente, incluyendo la Cruz Roja Española.
Las entidades beneficiarias, definidas en la Ley 43/2015 del Tercer Sector de Acción Social, deberán cumplir requisitos específicos, como estar legalmente constituidas, carecer de fines de lucro, estar al corriente en obligaciones tributarias y contar con experiencia en la atención a los colectivos destinatarios de los programas.
El proceso de asignación se llevará a cabo mediante concurrencia competitiva, siendo responsabilidad de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía establecer las bases reguladoras, convocatoria y resolución de los procedimientos. Además, se considerará la implantación en la comunidad autónoma, la calidad de los programas presentados y la capacidad de gestión de las entidades al momento de adjudicar las ayudas.
Esta medida busca fortalecer la labor del tercer sector en Castilla y León, promoviendo acciones con impacto directo en la mejora de la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
