Redacción.- En una reciente decisión, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quien instruye el caso del ‘procés’, ha ordenado que sea el Juzgado de Guardia de Barcelona el encargado de llevar a cabo la declaración indagatoria de la exconsejera catalana, Clara Ponsatí. La detención de Ponsatí fue ejecutada por los Mossos d’Esquadra siguiendo la orden del juez y está relacionada con un delito de desobediencia.
En su auto, el juez Llarena incluyó un listado de preguntas que serán dirigidas a Ponsatí durante el proceso. Asimismo, el magistrado ha establecido que, tras su declaración, la detenida debe ser puesta en libertad, revocando así la orden de detención que se había emitido anteriormente.
Según fuentes oficiales, el juez Llarena fundamenta su decisión en la negativa de la acusada a someterse a la declaración indagatoria, lo que invalidaría cualquier intento de citarla para comparecer en libertad. No obstante, también se ha tenido en cuenta que llevar a cabo la conducción policial hasta el Tribunal Supremo extendería la privación de libertad de Ponsatí, un delito para el cual no están previstas penas de esta naturaleza.
