Redacción.-
La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de una persona por presunta simulación de delito, al haber denunciado falsamente el cobro fraudulento de 134 euros en su cuenta bancaria. En realidad, el dinero detraído correspondía a cargos derivados de consultas a determinadas páginas web.
Los hechos tuvieron lugar en un municipio de La Ribera a finales del pasado año 2022, cuando el individuo en cuestión presentó una denuncia alegando ser víctima de múltiples operaciones bancarias fraudulentas, realizadas sin su conocimiento ni autorización, mediante el uso de su tarjeta de crédito.
Según el relato de la supuesta «víctima», descubrió estos movimientos en su cuenta bancaria que él afirmaba no haber realizado, y se le habría sustraído un total de 134 euros. Sin embargo, tras un exhaustivo seguimiento de la «huella digital» dejada por estas transacciones, los investigadores descubrieron que los cargos en cuestión correspondían a consultas realizadas en determinadas páginas web, para lo cual fue necesario vincular previamente una tarjeta de crédito e introducir las claves personales.
Tanto las claves personales como la dirección IP utilizada en todas las conexiones estaban relacionadas con la misma persona, es decir, el denunciante y supuesto perjudicado. Tras identificarlo y localizarlo, se le ha investigado como presunto autor de un delito de simulación de delito por denuncia falsa. Las diligencias correspondientes han sido entregadas en los Juzgados de Aranda de Duero.
La simulación de delito es una conducta irresponsable que conlleva consecuencias penales. Estos actos engañosos y falsas denuncias no solo implican una carga para las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, sino que también generan un perjuicio para la sociedad en general. Por este motivo, se contemplan elevadas sanciones y penas de prisión para quienes incurran en este tipo de comportamientos.
La Guardia Civil hace un llamado a la responsabilidad y la honestidad, recordando a la ciudadanía que denunciar falsamente un delito no solo perjudica al sistema de justicia, sino que también socava la confianza en las instituciones y en la propia labor de las fuerzas de seguridad.
