Redacción.-
El Consejo de Ministros ha reclamado al Gobierno de la Junta de Castilla y León que no aplique ninguna iniciativa que vulnere la normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Además, ha impulsado la primera ley estatal de servicios sociales de la democracia.
El Ejecutivo ha aprobado un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualquier actuación que vulnere o menoscabe la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo o el Real Decreto 825/2010 que desarrolla parcialmente esa norma.
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha recordado que no puede obligarse a los médicos a ofrecer pruebas a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo y tampoco se les puede dar instrucciones o sugerencias ni recomendaciones en este sentido. La libertad de las mujeres sobre su maternidad y la autodeterminación ha quedado manifiestamente posicionada por parte del Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, ha añadido.
El Gobierno, ha afirmado, no va a permitir que se retroceda «ni un milímetro en materia de derechos de la mujer» y va a utilizar «todos los mecanismos a su alcance, todas las herramientas jurídicas, para proteger a las mujeres».
Por otro lado, las comunidades autónomas no pueden establecer requisitos adicionales a los que se derivan de la normativa estatal, por lo que el Ejecutivo también actúa en defensa de las competencias del Estado, ha explicado la portavoz.
La Junta tiene un plazo de un mes para contestar. El requerimiento es el paso previo a la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el presidente , Alfonso Fernández Mañueco, ya ha contestado desde sus redes sociales «Enviaré una carta a Pedro Sánchez para lamentar que su Gobierno haya decidido combatir con inusitada dureza un conflicto irreal y haya anunciado el envío de un requerimiento sobre un cuestión ficticia»
