Redacción.-
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha ratificado el compromiso del Gobierno de España para “facilitar el acceso de la vivienda a los jóvenes” y ha recordado que este año llegarán 10,8 millones de euros para el desarrollo del Bono de Alquiler Joven a Castilla y León, una convocatoria, con más de 14.000 solicitudes presentadas en Castilla y León en 2022.
Para este 2023, el Gobierno de España contempla una aportación de fondos estatales de 200 millones de euros destinados al Bono Alquiler Joven y, de estos, a Castilla y León van a llegar casi 11”, ha acentuado la representante del Gobierno en la comunidad.
El Bono Alquiler Joven consiste en ayudas de hasta 250 euros mensuales para fomentar el alquiler de viviendas entre los más jóvenes de la sociedad. El bono está destinado a inquilinos de entre 18 y 35 años y se concede por dos años, por lo que la ayuda total asciende a 6.000 euros (a razón de 250 euros al mes).
Los beneficiarios deben acreditar rentas de trabajo, es decir, contar con un contrato de trabajo. Además, sus ingresos anuales, con carácter general, deben ser inferiores a 3 veces el IPREM. El inmueble tiene que estar declarado en Hacienda. Además, la vivienda tiene que figurar como residencia habitual, certificada mediante el certificado de empadronamiento del solicitante. El alquiler, en todo caso, no debe superar los 600 euros al mes. En caso de ser alquiler de habitación, este límite de precio es de hasta 300 euros por unidad, un tope que podrá elevarse hasta los 450 euros previo acuerdo de la comisión
de seguimiento.
Esta ayuda es compatible con otras destinadas para el mismo objeto a beneficiarios especialmente vulnerables, como las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital, o el Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. En este caso, la suma del Bono y esta ayuda tendrá como límite el 75 por ciento de la renta del alquiler.
TRABAJO CONJUNTO PARA OFRECER SOLUCIONES A LOS CIUDADANOS
Este bono, que busca facilitar la emancipación de los jóvenes, está regulado por
el Real Decreto de 18 de enero de 2022. Está financiado por el Gobierno central
pero su implantación corresponde a las comunidades autónomas, por lo que
Barcones ha destacado “el trabajo conjunto entre administraciones para ofrecer
soluciones a la ciudadanía en el ámbito de la vivienda”. “Los ciudadanos
necesitan que, frente a sus problemas, haya instituciones delante que aporten
alternativas viables y eficaces. Eso es la política y ahí debemos trabajar todos
de la mano”, ha invitado.
La delegada ha incidido también en la importancia de la colaboración entre las
distintas administraciones territoriales para “aprovechar la oportunidad que
suponen los fondos europeos, que contribuyen a asegurar el cumplimiento por
parte de nuestro país de los compromisos de impulso de la rehabilitación
edificatoria, tanto en el marco de la Estrategia a largo plazo para la
Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE),
como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030”.
UN MILLAR DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN LA COMUNIDAD
En este sentido, ha recordado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (Mitma) firmó el pasado mes de diciembre un acuerdo con la
Comunidad Autónoma de Castilla y León que va a permitir la promoción de 914
viviendas de protección pública energéticamente eficientes para alquiler social,
principalmente para jóvenes. Para el desarrollo de estas actuaciones, Mitma va
a aportar 27,2 millones de euros este año de los fondos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que se suman a los
entregados ya el año pasado. “Se debe conseguir una oferta suficiente de
viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles”, ha justificado Barcones.
Este acuerdo, que recoge ayudas para la promoción de viviendas en un total
de 13 promociones en 11 municipios de la Comunidad de Castilla y León, que
ejecutará directamente la propia comunidad a través de la Sociedad Pública de
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), tiene
previsto el desarrollo de viviendas en Ávila (40), Burgos (200), Aranda de
Duero (38), León (100), Ponferrada (20), Palencia (50), Segovia (100), Soria
(40), Valladolid (259 viviendas en 3 actuaciones), Medina del Campo (27) y Zamora (40). La inversión total estimada en estas promociones es de 81,6
millones de euros.
La aportación de Mitma se financia con el Programa de ayuda a la construcción
de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan
España Puede. A través de este, se pretende financiar el incremento del
parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler
social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva
construcción sobre terrenos de titularidad pública, que incrementen el parque
público de vivienda asequible, durante un período mínimo de 50 años y con un
consumo de energía primaria no renovable inferior en un 20% como mínimo a
los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.
Para este programa, dotado con 1.000 millones de euros, el Mitma ha
trasferido ya a la Comunidad Autónoma de Castilla y León más de 27,2
millones de euros, estando prevista una nueva transferencia adicional del
mismo importe a principios de este 2023. La ayuda que se aporta es de hasta
700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de
50.000 euros por vivienda.
LA VIVIENDA, EN EL CENTRO DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO
A estas ayudas, dirigidas específicamente a los jóvenes, hay que sumar todas
las medidas que el Gobierno está articulando en materia de vivienda. “La
apuesta del Gobierno de España en este sentido es firme”, ha destacado
Barcones, quien ha recordado que “en los próximos cuatro años se va a
destinar a vivienda en torno a 10.000 millones de euros con el objetivo de
ayudar a la población más vulnerable y a colectivos que tienen más dificultades
para el acceso a una vivienda; además de impulsar la rehabilitación en dos
vertientes: accesibilidad y eficiencia energética; y la promoción de vivienda
social”. Solo en el Plan España Puede se contemplan 4.400 millones de euros
para la rehabilitación de viviendas, edificios y barrios.
Además, el Gobierno ha aprobado recientemente una batería de medidas para
blindar el derecho a la vivienda que viene a reforzar el escudo social
desplegado para proteger a los inquilinos, limitar el alza de los alquileres y
restringir los desahucios y lanzamientos en 2023. Forman parte del Real
Decreto-ley por el que se adoptan nuevas medidas urgentes en el marco del
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la
