Redacción.-
Esta semana ha estado protagonizada por un nuevo giro en los acontecimientos que engloban al Tribunal Constitucional. La película ha cambiado de guión, y la sinopsis ha pasado de un ‘secuestro’ a una ‘liberación’; dos actos totalmente contradictorios pero cuyas consecuencias van a ser fruto de un desenlace muy esperado. Los protagonistas de esta historia son los mismos de otras secuelas, los políticos españoles; quienes tienen preparados, con palomitas, a miles de ciudadanos día tras día esperando un nuevo capítulo.
Igual que una novela de ficción llevada a la realidad. El Gobierno se ha cansado, y asegura no estar dispuesto a cruzarse de brazos ante la crisis institucional provocada por la derecha política y judicial. Ha decidido no esperar más a que el Consejo General del Poder Judicial seleccione a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden ante la postura de ‘bloqueo permanente’ que mantienen ocho de los diecinueve vocales que todavía lo integran. Todos ellos, elegidos por el PP, llevan casi cinco meses poniendo todo tipo de excusas para negarse a un acuerdo con el resto de representantes.
Ante esta situación, el Gobierno ha adelantado que presentará una enmienda para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, y establecer así un nuevo sistema por el que se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos. De esta forma, el Consejo de Ministros ha nombrado a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y a Laura Díez, exdirectora general en Moncloa, para el Tribunal Constitucional. Esta decisión, pone al órgano en una situación inédita, ¿podrán juzgar estos representantes unas leyes que ellos mismos crearon en su momento?
De nuevo, nos encontramos ante una situación en la cual la política se interpone en valores que deberían ser totalmente neutrales. Las ideas gubernamentales, y marcadas por pensamientos de extremos discordantes, decidirán el futuro las próximas sentencias. Ya en el mes de junio, la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, Vera Jourova, dio un toque de atención a nuestro país. Además, aseguraba que la clave para renovar el CGPJ era evitar que se percibiera como un órgano «politizado», y hacía mención a que el sistema de nombramiento de sus vocales se debería ajustar a los estándares europeos. Un ‘consejo’ al que España decidió hacer caso omiso.
Despolitizar la justicia; un hecho que en nuestro país se antoja como algo prácticamente imposible o como una opción ínfimamente alcanzable. Y es que, en España somos como un pez que nada en contra de su propio banco. Puestos a elegir, preferimos que los vocales del CGPJ los elija la política, antes que la imparcialidad.
