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miércoles, octubre 20, 2021

CyL lidera el grupo de comunidades que presentarán una posición común en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE

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Redacción.-

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mantenido en la jornada de ayer una videoconferencia con representantes de todas las comunidades autónomas de España, con la representación española ante la Unión Europea (UE) y con el representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITERD, que forman el grupo de trabajo para preparar la posición común de las comunidades autónomas sobre los asuntos que se discutirán en Luxemburgo el próximo 6 de octubre en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente. Castilla y León defenderá la posición común de las comunidades respecto del ‘Objetivo 55’ -reducción del 55 % de los gases efecto invernadero respecto al año 1990-, que incluirá cambios normativos para su consecución. El consejero ha destacado que la participación de las comunidades autónomas es de gran importancia “porque aporta la perspectiva práctica de las normas, ya que su aplicación recae sobre las administraciones autonómicas”.

Castilla y León lidera este semestre el grupo de trabajo correspondiente a las comunidades autónomas, que deberán presentar una posición común sobre los asuntos a tratar en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea que se celebrará en Luxemburgo el próximo 6 de octubre.

Objetivo de reducción del 55 % de las emisiones de gases efecto invernadero

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defenderá la posición común sobre el paquete ‘Fit for 55 Objetivo 55’, que se discute hoy. Las propuestas se dirigen a la modificación de normas sobre cambio climático para conseguir el objetivo de la reducción del 55 % de las emisiones de gases efecto invernadero respecto al año 1990.

Los cambios propuestos por las comunidades autónomas afectan al régimen de comercio de derechos de emisiones, con novedades para el transporte y los edificios, así como al Reglamento sobre el uso de la tierra y la silvicultura, donde España mantiene importantes diferencias de posición respecto a las propuestas presentadas inicialmente desde la Comisión Europea. Además, se reclamará un nuevo fondo social que pretende compensar a los colectivos más afectados o desfavorecidos con estas nuevas medidas de forma que se minimice el impacto de estas nuevas medidas sobre la economía.

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