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jueves, abril 25, 2024

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UPA denuncia que, en algunos casos, los precios de la uva están por debajo de los costes de producci

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Redacción.- UPA denuncia los precios ruinosos que podr?an percibir los viticultores de
Castilla y León en una campa?a tan problem?tica como la actual, donde debido a la pandemia de la COVID-19 los productores están siendo los principales perjudicados. La organizaci?n considera una temeridad que desde el Gobierno regional se hable de una buena vendimia en t?rminos generales en Castilla y León cuando los precios que están percibiendo los productores, por ejemplo en una denominaci?n emblema como es Rueda, oscila entre los 0,18 y 0,23 euros/kilo frente a la media de 0,70 de la campa?a pasada, y
las uvas fuera de DO apenas se pagan a 0,11 euros/kilo.

En otras denominaciones de origen importantes de la regi?n el precio que podr?an percibir los productores ser?a incluso un 50 % inferior a los del año pasado, por lo que hacemos un llamamiento a las bodegas para que frenen el hundimiento de los precios y la vendimia 2020 no se convierta en una de las más ruinosas de la historia. UPA recuerda que con estos precios en muchos casos injustificados no se estar?a cumpliendo la Ley de cadena alimentaria, por lo que estar?amos ante pr?cticas inmorales e ilegales a la que se ven sometidos los propios viticultores por parte de determinadas bodegas, por lo que recordamos a las administraciones que tomen buena nota de lo que ocurre y act?en en
consonancia. Además, la organizaci?n urge a la AICA a que se ponga a trabajar en
el sector y haga controles para verificar que se está cumpliendo la Ley.

UPA reclama a la Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura que destinen fondos espec?ficos para salvar al sector del vino en una regi?n como la nuestra por la crisis que atraviesa. Pa?ses competidores de Españaña, con vinos de calidad como Francia o Italia, ya lo han hecho, por lo que urge evitar que se produzca una situación de competencia desleal.
UPA Castilla y León recuerda que la normativa europea permite destinar hasta 7.000 euros por agricultor para ayudar a los afectados por la crisis de la COVID-19, utilizando fondos de desarrollo rural no gastados.

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