Redacción.-
Las ayudas gestionadas por el Servicio público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) financian los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la contrataci?n temporal de desempleados que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
Son las entidades locales las que formalizan estos contratos, que están vinculados al desarrollo de obras o servicios de utilidad pública y / o de inter?s social. En concreto, los empleos generados se vinculan a proyectos medioambientales ?relacionados con las energ?as renovables, la eficiencia energ?tica, la gesti?n de residuos, la depuraci?n de aguas, el control de la contaminaci?n y la conservaci?n de zonas naturales, entre otros?; a la mejora de espacios públicos urbanos y ?reas recreativas; a iniciativas de promoción de la cultura y el turismo locales, o al despliegue de las Tecnolog?as de la Información y las Comunicaciones (TIC).
De esta forma, el objetivo de estos incentivos es doble. Por un lado, contribuyen a mejorar las posibilidades de inserci?n en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad, ya que obtienen una experiencia laboral. En segundo t?rmino, constituyen una herramienta de colaboraci?n con las entidades locales para acometer proyectos de inter?s general que ayuden a dinamizar la econom?a del medio rural.
La convocatoria de este ejercicio ten?a un presupuesto inicial de cinco millones de euros y se ha ampliado hasta cerca de siete millones para llegar a más beneficiarios. Esta ampliaci?n del cr?dito, que está cofinanciado al 50 % por el FSE?de acuerdo con el Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020, ha permitido conceder subvenciones a 822 municipios ?frente a los 796 que la recibieron en 2018? para financiar la contrataci?n de 1.318 personas con discapacidad ?52 más que hace un año?.
