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martes, octubre 19, 2021

La Junta de Castilla y León presenta la acusación particular en el caso ‘Arroyo y Portillo’

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Redacción.-

El procedimiento judicial penal se inici? mediante las Diligencias Previas 5035/2013 del Juzgado de Instrucciónón?n n? 2 de Valladolid, por denuncia de la Fiscalía Provincial de Valladolid, sobre si determinados cargos de una concreta empresa pública (GESTURCAL) del sector público de la Comunidad de Castilla y León, habían podido propiciar, con provecho propio, un trato privilegiado y de beneficio a determinados empresarios privados, en el caso conocido como ?Arroyo y Portillo?.

Tras la personaci?n de la Junta de Castilla y León en mayo de 2016, ahora la Direcci?n de los Servicios Jur?dicos de la Consejería de la Presidencia ha dado cumplimiento al auto de febrero de 2019 del Juzgado de apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Valladolid, formulando las conclusiones provisionales de acusación.

El director de los Servicios Jur?dicos Luis Miguel Gonz?lez Gago se?ala que el inter?s que persigue la Junta de Castilla y León en este proceso es el esclarecimiento de los hechos, la protecci?n de los derechos e intereses de la Administraci?n Auton?mica, exigiendo la responsabilidad penal de las personas f?sicas que los hubieran podido cometer, y tambi?n la civil, de ?stas y de las empresas privadas beneficiarias de las actuaciones, y recuperar aquellos daños y perjuicios que haya podido tener la Hacienda P?blica de Castilla y León, como titular del 100% del accionariado de la empresa pública.

Gonz?lez Gago remarca que los Servicios Jur?dicos en su acusación han hecho hincapi? en que, en este caso, las presuntas actuaciones il?citas las han cometido s?lo dos personas del sector público, y lo han hecho a t?tulo personal, en ning?n caso como altos cargos de la Junta de Castilla y León, sino como cargos directivos de una empresa pública, que tiene forma de sociedad an?nima, y que act?a normalmente en el mercado sujeta al derecho privado.

Hechos investigados

Los hechos objeto de investigaci?n abarcan desde mediados de 2005 hasta diciembre de 2011, y b?sicamente han sido dos, sin conexi?n en cuanto a la materia u objeto, pero en los que s? parece que han intervenido las mismas personas investigadas.

En primer lugar, se han investigado los hechos de la Agencia de Desarrollo Econ?mico y de la empresa pública GESTURCAL en el proceso de compra del Edificio Administrativo de Arroyo de la Encomienda como sede de diversas entidades públicas, y en segundo lugar, los hechos de la empresa pública GESTURCAL sobre el proceso de compra de parcelas en Portillo para la construcción de un pol?gono industrial, ambos ubicados en Valladolid.

Acusaci?n provisional formulada por los Servicios Jur?dicos de la Junta

Respecto al edificio administrativo de Arroyo, los Servicios Jur?dicos de la Junta acusan a 3 imputados por darse presuntamente entre s? información privilegiada previa para favorecer a la empresa que luego ser?a la arrendadora, por irregularidades en el previo alquiler que se formaliz?, por los costes y repercusi?n de diversas modificaciones estructurales realizadas en el edificio durante el arrendamiento, y por la asunci?n por la empresa pública de los gastos financieros previos por pr?stamos solicitados por la empresa privada contratista para hacer el edifico.

Respecto a los hechos sobre la compra de parcelas en Portillo para la construcción de un pol?gono industrial, los Servicios Jur?dicos de la Junta acusan a 7 imputados por irregularidades al crear al menos tres empresas privadas para propiciar presuntamente ventas en cascada de los terrenos con un incremento injustificado y sucesivo de su coste hasta adquirirlos la empresa pública, por gastos de urbanizaci?n del pol?gono que no le correspondía abonar a la empresa pública, por una transferencia efectuada por la empresa pública sin concepto y sin justificar, y por los gastos financieros por prestamos asumidos por la empresa pública para poder realizar toda la operaci?n de compra de terrenos, que nunca debi? soportar de haber adquirido de forma directa los mismos.

Por estos hechos, para un cargo de la empresa pública se solicita por el delito continuado de negociaci?n y/o actividad prohibida 4 años y medio de prisi?n, e inhabilitaci?n especial para empleo o cargo público durante 9 años, y por el delito continuado de malversaci?n 7 años de prisi?n, e inhabilitaci?n absoluta por 18 años. Para otro cargo de la empresa pública, se solicita por el delito de malversaci?n 4 años de prisi?n, e inhabilitaci?n absoluta por tiempo de 10 años.

Para un empresario privado, por el delito continuado de tráfico de influencias 11 meses de prisi?n y multa de 10.000.000 de euros. Y para otros cinco empresarios privados, a cada uno de ellos, por el delito continuado de tráfico de influencias 9 meses de prisi?n y multa de 2.500.000 de euros.

Además, a todos ellos directamente se les pide la responsabilidad civil frente a la Junta de Castilla y León, a la que deber?n satisfacer, en la parte que les corresponda, la cantidad de ?16.300.000 de euros, siendo responsables subsidiarias las empresas privadas que dirig?an.

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