Medina del Campo entrará en el nuevo acuerdo marco de cofinanciación de los Servicios Sociales para los próximos 4 años

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Redacción.-Se pretende dar garantías de financiación y estabilidad en el empleo, a los más de 1.200 profesionales que trabajan en los Servicios Sociales de Castilla y León. Este Acuerdo Marco (2020-2023) contará con 448 millones de euros, con los que se financiará a las Corporaciones Locales con competencias en materia de servicios sociales, es decir, los nueve ayuntamientos capital de provincia, las nueve diputaciones provinciales y los ayuntamientos de Aranda de Duero, Miranda de Ebro, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Medina del Campo y Laguna de Duero, que tienen más de 20.000 habitantes.

Isabel Blanco se ha reunido hoy con los representantes de ayuntamientos y diputaciones  para darles a conocer el Acuerdo Marco para los próximos cuatro años (2020-2023), que tendrá un importe total de 448 millones de euros -112 millones de euros cada una de las anualidades- y presta servicio a 160.000 usuarios. De esta forma, se financiarán los servicios básicos que se prestan desde los CEAS, que cuentan con 844 trabajadores, y los que llevan a cabo los equipos de segundo nivel, en los que trabajan otras 388 personas, lo que supone que el personal financiado por el Acuerdo Marco es de 1.226 trabajadores. Además, en los próximos cuatro años se incrementarán anualmente las cuantías en función de los presupuestos y las necesidades de las Corporaciones Locales.

La consejera ha comprometido también, a pesar de la prórroga de presupuestos, una Adenda para el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los servicios sociales para 2019, que incrementará la cuantía de este año en 3,62 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,25 % con respecto a la del año anterior. Esta cantidad será destinada a garantizar los sueldos de los trabajadores de los CEAS e incrementar las cuantías del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Conforme a la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de la Comunidad, lo constituyen el conjunto de recursos, programas, actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones de titularidad pública y los de titularidad privada financiados total o parcialmente con fondos públicos. Dentro de este sistema, desempeñan un papel fundamental las Corporaciones Locales con competencias en materias de servicios sociales, los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales.

Así pues, el Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales es el instrumento de colaboración y coordinación entre la Junta y las Corporaciones locales, para la financiación de las prestaciones sociales que han de llevarse a cabo por las mencionadas Entidades Locales. Es un instrumento que, además de dotarlas de financiación, garantiza la estabilidad, continuidad y homogeneidad en la atención a las personas más vulnerables de Castilla y León, aprovechando la proximidad de los profesionales a los usuarios, evitando de esta forma, duplicidades e ineficiencias.

Además, este modelo de organización y de financiación garantiza, por un lado, la continuidad de los profesionales y de las prestaciones que con él se financian, el intercambio de información entre ambas administraciones, el trabajo en equipo y apoyo técnico entre los profesionales y la homogenización de criterios, protocolos, documentación, etc., en toda la Comunidad Autónoma.

Objetivos del Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales

El Acuerdo Marco está destinado a financiar tres grandes áreas como son: el personal de los Equipos de Acción Social, la atención a situaciones de Dependencia y el funcionamiento y prestaciones de la Red de Protección a las Familias y personas.

Los Equipos de Acción Social Básica constituyen la unidad básica de articulación funcional del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública. Prestan sus servicios en el Centro de Acción Social (CEAS) cuyo ámbito territorial se corresponde con la Zona de Acción Social y depende directamente de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o de las diputaciones, que prestan servicio a los municipios de menor población en el ámbito rural. En la actualidad, existe al menos un CEAS por cada Zona de Acción Social, 189 en toda la Comunidad Autónoma.

Estos profesionales constituyen la puerta de entrada a los Servicios Sociales. Se encargan de prestar información, orientación y asesoramiento a todos los ciudadanos que lo soliciten sobre los recursos del sistema. Realizan, además, la detección, diagnóstico y evaluación de la situación de necesidad de cada caso, y elaboran un plan individualizado de atención de cada usuario así como un seguimiento de los casos. Junto a esto, desarrollarán acciones preventivas y de promoción de la convivencia e integración familiar y social, además de acciones de envejecimiento activo y prevención de dependencia. Darán prioridad al acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía y la valoración y seguimiento de las situaciones de Dependencia.

Dentro de la Atención a las situaciones de Dependencia, se financian servicios tan importantes para las personas dependientes como el de ayuda a domicilio, la teleasistencia, servicios para las personas mayores, para las personas con discapacidad, formación para cuidadores no profesionales, el mantenimiento de los equipos de promoción de la autonomía personal (EPAP) y los programas de envejecimiento activo y prevención de la Dependencia de personas mayores.

Asimismo, dentro de la Red de Protección a las Familias y personas, se financian una serie de programas cuyo objetivo final es la protección a las familias y personas en riesgo de exclusión social, entre los que se encuentran: el servicio de apoyo familiar y técnico para familias vulnerables, las prestaciones económicas para necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social, la prestación extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria, ayuda económica de apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, el servicio de apoyo preventivo a la infancia y a la adolescencia en situación de riesgo, el servicio de apoyo familiar para la protección a la infancia, el de actuaciones preventivas para familias con hijos menores en situación de riesgo y los programas de intervención en drogodependencias.

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