Redacción.- El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se pone en marcha un Ingreso Mínimo Vital, una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que la medida está recogida en el acuerdo suscrito entre las formaciones políticas que componen el Ejecutivo y en el discurso de investidura del presidente del Gobierno.
Montero ha afirmado que la intensa crisis económica y social causada por el COVID-19 ha acelerado su implementación: «Somos muy conscientes de que a la bolsa de pobreza que teníamos identificada antes de la pandemia se añaden ahora las nuevas dificultades por las que están atravesando miles de familias».
María Jesús Montero ha recordado que el Gobierno ya ha aprobado planes para proteger el empleo y evitar situaciones de desahucio o cortes de suministro, pero, con el objetivo de que nadie se quede atrás, crea este nuevo derecho para la ciudadanía para luchar contra la pobreza extrema, sobre todo la infantil.
Requisitos
El vicepresidente ha indicado que podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde los 18 si el solicitante tiene menores a cargo, que lleven, al menos, un año de residencia legal en España. El acceso a la ayuda dependerá del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite.
Además de los ingresos, se comprobará el patrimonio neto del solicitante, restando sus deudas, y sin tener en cuenta la vivienda habitual. El límite de patrimonio aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia. Es de 16.614 euros para una persona que viva sola y se irá incrementando por cada miembro adicional hasta un máximo de 43.196 euros.
Se podrá solicitar desde el 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese día hasta el 15 de septiembre se cobrarán con efecto retroactivo a 1 de junio.
Iglesias también ha resaltado que el Ingreso Mínimo Vital es una prestación compatible con otras rentas de inserción de las comunidades autónomas: «Hoy establecemos un suelo mínimo igual para toda España, pero las comunidades autónomas van a poder complementarlo atendiendo a sus realidades concretas».
Pablo Iglesias ha reiterado que el ingreso aprobado hoy es una medida de justicia social, porque supone la redistribución de la riqueza, y de eficiencia económica, porque los recursos van a ir directamente a los hogares, al consumo, permitiendo que las empresas y los autónomos sigan facturando, algo necesario para la recuperación económica.
A su juicio, el ingreso también es una cuestión de seguridad, porque los ciudadanos tienen que tener unos mínimos niveles de seguridad material que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, y una cuestión de libertad, porque «no hay libertad si una persona tiene que invertir toda su energía en sobrevivir».