Redacción.- En la sociedad actual, las situaciones familiares con las que se encuentran los centros educativos son cada vez más complicadas de atender y difícilmente encuentran respuesta en las normas que los equipos directivos y el personal docente están habituados a manejar. Además, asociaciones de padres y madres separados, como la que aboga por la custodia compartida, han instado a la Consejería de Educación a que realice una guía que les facilite el conocimiento de sus derechos y obligaciones en materia educativa, y que ayude a los propios centros en la toma de decisiones y el correcto trato a estas familias.
Por ello, la Administración educativa autonómica está trabajando en la elaboración de un marco de actuación que facilite la tarea a los centros docentes y dé servicio a las familias que tienen hijos menores escolarizados en Castilla y León y sus progenitores no conviven. El modelo que se propone conservaría la actual Resolución de 2009 de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa por la que se establecen las pautas de actuación de los centros educativos en relación con el derecho de las familias a recibir información sobre el proceso de aprendizaje e integración socio-educativo de sus hijos y a la toma de decisiones relativas a sus actividades académicas, en caso de separación o divorcio de los progenitores. Este modelo se completaría con una guía para centros y con un servicio de consulta y asesoramiento a los centros -a través de una dirección de correo electrónico en la que se pueden plantear las dudas y obtener una pauta de actuación acorde con lo que marca el ordenamiento jurídico-.