Tal y como era de prever, los funcionarios del Ayuntamiento de Medina del Campo se encuentran en un franco enfrentamiento, por cuestiones laborales y salariales, con el equipo de Gobierno que preside el popular Crescencio Martín Pascual.
Es evidente que, por un lado, los funcionarios, y, por otro, quienes administran el Ayuntamiento en nombre de Medina tienen posturas encontradas, pero al final se impone la necesidad de reflexionar para llegar a un acuerdo de consenso que impida ese golpe de fuerza que nadie desea y que obedece al nombre de huelga.
Pero, si de buscar una salida a un callejón que no la tiene se trata, no parece de recibo que el propio equipo de Gobierno del Ayuntamiento denuncie de forma pública las represalias que está sufriendo el concejal de Personal, Don Fernando Alonso, a manos de uno de los colectivos más importantes de los que de él dependen: la Policía Municipal.
Y es que, según el Grupo de Gobierno los agentes de este colectivo se afanaban el jueves en multar a los vehículos, se deduce que mal estacionados, que se encontraban aparcados en la calle en la que reside dicho edil.
¿Quiere esto decir que se imputa a la Policía Municipal por cumplir con su deber imponiendo las sanciones pertinentes a quienes infringen las normas dictadas por el propio Ayuntamiento? ¿O se deduce de ello que en circunstancias normales, entendiendo por éstas aquéllas en las que no hay reivindicaciones laborales la Policía Municipal no cumple con su deber?
La seriedad se impone, y el acercamiento de posturas cediendo de una y otra parte, también.
No parece que el Ayuntamiento, y más concretamente su equipo de Gobierno, estén en circunstancias de soportar una huelga funcionarial, a la que parece que se incita desde la propia Concejalía de Personal por la denuncia anteriormente aludida y bajo la supuesta amenaza de “exteriorizar” algunos de los servicios que presta el funcionariado del Ayuntamiento, entendiendo por esto la acepción más dura posible: la privatización, que, además, no supondría ningún problema para el funcionariado, ya que sus puestos de trabajo, mientras no se demuestre lo contrario, son fijos, y hasta el momento de su jubilación.
Si con esto se quieren encubrir otros problemas por parte del equipo de Gobierno y otras presuntas represalias propias, el tema puede llegar a ser complicado por la unión de todos los ofendidos por unas declaraciones o hechos desafortunados.
LA VOZ DE MEDINA Y COMARCA