La Voz.- Castilla y León implementará oficinas de información antiocupación para combatir el problema de la ocupación ilegal de viviendas. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, Ángel Merino, han firmado un convenio de colaboración esta mañana para abordar esta creciente preocupación.
El objetivo principal de estas oficinas será brindar información especializada sobre la ocupación ilegal de viviendas, así como asesoramiento en relación con la prevención, la acción inmediata y las medidas posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso. Además, se buscará ofrecer apoyo a las personas afectadas por estos casos, atendiendo a sus necesidades y demandas.
El convenio establece que la información estará disponible tanto en el Portal web de la Junta de Castilla y León como en el servicio de Atención al Ciudadano 012. Este último derivará las consultas a las sedes de las Cámaras de la Propiedad de las respectivas provincias, donde se implementarán estas oficinas de información.
El consejero Suárez-Quiñones destacó que esta iniciativa responde a la responsabilidad de los poderes públicos de proteger y garantizar los derechos reconocidos en la Constitución, incluido el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 33. La ocupación ilegal representa un desafío directo a estos derechos y principios constitucionales, por lo que es crucial que los poderes públicos tomen medidas activas para combatir esta problemática.
En colaboración con el Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, la Junta busca brindar apoyo a las personas afectadas por la ocupación ilegal, asistiéndolas y atendiendo sus necesidades. Estas oficinas de información, ubicadas en las sedes de las Cámaras de la Propiedad en cada provincia, serán el punto central para canalizar esta ayuda y proporcionar asesoramiento especializado.
Compromisos de las partes
Las Cámaras de la Propiedad Urbana de la Comunidad se comprometen a prestar, desde sus dependencias y con su personal, un servicio de información y asesoramiento en materia de ocupación ilegal de viviendas. Se facilitará toda la información y asesoramiento que se solicite en relación con la prevención, la actuación inmediata, en su caso, y las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.
Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se compromete a confeccionar, facilitar y compartir con las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León la normativa, documentación informativa, datos estadísticos y demás información de interés necesaria para la prestación del servicio de información.
Este contenido y el proporcionado por las oficinas de información se incorporará a la página de ‘Vivienda y Urbanismo’ del Portal web de la Junta de Castilla y León. Además, el convenio contempla la obligación de la Consejería de facilitar sus instalaciones para la celebración de actos informativos, jornadas y congresos organizados por el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana, en colaboración con la propia administración.
Asimismo, colaborará en la formación especializada de las personas que, desde las Cámaras de la Propiedad Urbana, atenderán los requerimientos de ayuda.
Ambas entidades se comprometen a la recogida de datos de este fenómeno ilegal a fin de configurar documentación estadística que sirva para conocer la realidad de los hechos en la Comunidad y de orientación para las actuaciones de ambas instituciones en la materia.
Servicio de atención telefónica
El convenio recoge también la puesta a disposición del teléfono 012, de Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, como canal de acceso a los ciudadanos afectados por la problemática de la ocupación de vivienda, que se encargará de derivar la llamada a los teléfonos de las distintas sedes de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León.
Para ello el personal de las Cámaras de la Propiedad Urbana, que atenderá de forma efectiva la consulta, recibirá la formación especializada que permita dar la máxima información posible y gestionar la llamada con la mayor eficacia.
Comunicación de hechos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
El convenio de colaboración establece también que el personal que presta asesoramiento podrá poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la existencia de un delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal o cualquier otro de persecución pública que detecte, cuando se determine una situación de indefensión o dificultades para acceder a las autoridades por parte de la persona demandante del servicio. A ello irá encaminada también la formación del personal que atenderá la oficina.
El convenio tendrá una duración de cuatro años, pudiéndose prorrogar por otros cuatro, y prevé una Comisión de Seguimiento paritaria para hacer efectivo su desarrollo, efectividad y eficacia.
