Redacción.-
El Gobierno ha enviado un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para solicitar que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El Ejecutivo, a través de un comunicado, ha manifestado que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente. Además apunta que velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna.
De la misma forma informa que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y
coordinar las medidas pertinentes.
Por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha enviado esta misma tarde un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla y León donde se le solicita:
• Que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo; y la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Método Farmacológico).
• Que, en caso de haber sido esta ya adoptada, el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente
interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico.
• También se exige que la realización de pruebas diagnósticas no
contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones
recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por
las sociedades científicas.
• Además, que se comunique de manera inmediata al Ministerio de Sanidad
los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o
verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones
anunciadas.
En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido íntegra e inmediatamente
por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones
jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla
y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.
El Gobierno estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la
aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían
vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de
las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma.
