Redacción.-
El Tribunal Constitucional ha tumbado parte del decreto que aprobó la Generalitat de Cataluña en otoño de 2020, en plena crisis sanitaria, para frenar los desahucios de personas vulnerables.
En concreto, se trata del Decreto Ley 37/2020 que aprobó el Gobierno regional y que contemplaba la prohibición de desalojar a inquilinos vulnerables que residían en un inmueble de un gran tenedor de viviendas, por lo que no afectaba a los propietarios particulares. Una paralización que perduraría mientras se mantuviera el estado de alarma o se produjeran restricciones a la movilidad por razones sanitarias.
El decreto en cuestión obligaba a interrumpir los lanzamientos de las familias con pocos recursos hasta que el gran tenedor propietario de la vivienda les ofreciera un alquiler social obligatorio. Así, ampliaba de facto el anterior decreto ley 17/2019 de medidas urgentes para el acceso a la vivienda que ya establecía en qué casos se debía ofrecer un arrendamiento y la ley 24/2015, que abordaba la emergencia y pobreza energética.
El Gobierno recurrió este decreto y el Alto Tribunal le ha dado la razón. Su decisión ha sido «estimar el presente recurso de inconstitucionalidad, y, en su virtud, declarar inconstitucionales y nulos los apartados 1, 2 y 3 del artículo único del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la covid-19».
A pesar de que los expertos consultados por idealista/news se mostraron entonces a favor de paralizar los lanzamientos, criticaron que el decreto dejaba todo el peso sobre la espalda del sector privado e insistieron en que la Administración catalana debía asumir más responsabilidad, que el texto provocaba inseguridad jurídica y que podría generar un posible conflicto de competencias con el Estado Central.
Y así lo han entendido los magistrados del Constitucional, que han estimado por unanimidad el recurso que puso el Gobierno por invasión de competencias, según publica el diario El País.
A la espera del fallo sobre la ley que limita los alquileres
El Ejecutivo también llevó al TC la ley que limita los alquileres en Cataluña y que entró en vigor en septiembre de 2020, semanas antes del decreto antidesahucios que ha sido tumbado parcialmente. En enero de 2021, el Constitucional ya admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, mientras que el Gobierno hizo lo propio en verano.
Fue el 3 de agosto cuando reconoció que había presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de alquiler de viviendas promulgado por la Generalitat, que habilita a los Ayuntamientos a poner límites a los precios de los arrendamientos, por sobrepasar sus competencias, aunque no solicitó la suspensión cautelar de la medida. Todavía está pendiente el fallo del Tribunal Constitucional en este sentido, aunque diferentes voces del mundo jurídico dan por hecho que el órgano judicial también tumbará esta normativa.
