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miércoles, enero 19, 2022

Virginia Barcones pone en valor las convocatorias de subvenciones del Gobierno de España para entidades del sector público que contraten a jóvenes de más de 16 años y menos de 30

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Redacción.-

  • El Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas subvencionará la contratación de jóvenes por la Administración del Estado para la adquisición de experiencia profesional en el seno de los servicios que presta
  • El Programa TándEM promueve proyectos mixtos de empleo y formación para la mejora de la ocupación de los demandantes de empleo mediante la realización de acciones formativas y ejecución de obras y servicios de interés general
  • El Programa Investigo permitirá la contratación de jóvenes para la realización de iniciativas de investigación e innovación

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha señalado esta mañana en rueda de prensa que no ha querido dejar pasar por alto que “algunas de las últimas convocatorias de ayudas públicas en la recta final del pasado año tenían como destinatarios a los jóvenes porque es fundamental desarrollar medidas con el objetivo claro de que los jóvenes tengan oportunidades de encontrar un trabajo de calidad”.

En Castilla y León la tasa de paro juvenil supera el 27%, según la última encuesta de población activa publicada, mientras que la tasa de paro general ronda el 10,5%. En Castilla y León hay 38.000 jóvenes menores de 30 años desempleados según la Encuesta de Población Activa.

Barcones se ha referido a la oportunidad que abren los fondos Next Generation para financiar programas de empleo y formación, como la partida de 687,7 millones de euros destinados a programas de empleo, acordada con las comunidades autónomas el pasado mes de julio para la financiación de programas de empleo y formación, de los cuales 37 millones fueron asignados a Castilla y León.

Y ha hablado también del ‘Plan de Garantía Juvenil Plus 2021 – 2027’, aprobado en junio, que es “un primer paso que tiene como principal objetivo desplegar nuevas medidas para incrementar la cualificación y el acceso de los jóvenes al mercado laboral, a través de la orientación y el seguimiento personalizado”.

Pero la convocatoria de prensa ha girado sobre todo en torno a tres iniciativas que la delegada ha calificado como “muy importantes para incorporar a los jóvenes al mercado laboral, para que sigan formándose mientras trabajan, para que puedan investigar mientras cobran un salario y para que tengan una primera experiencia profesional en la administración”.

Ha estado acompañada en su comparecencia por el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, y por el director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Valladolid, Francisco José de Lucas.

PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN

Barcones ha comenzado destacando que las beneficiarias directas de las subvenciones de las que ha hablado eran las administraciones públicas, puesto que van a ser estas entidades las que recibirán ayudas para contratar a personas mayores de 16 años y menores de 30 años.

El Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas, que se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), fue publicado en el BOE de 16 de diciembre.

Las subvenciones que se van a otorgar para la contratación se destinarán a la financiación de los costes laborales de las personas jóvenes trabajadoras que, reuniendo los requisitos fijados en esta convocatoria, sean contratadas para la adquisición de experiencia profesional en el seno de los servicios prestados por las administraciones públicas.

Concretamente, en el caso de esta convocatoria de ámbito estatal, podrán ser beneficiarios los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, así como las demás entidades que integran el sector público institucional estatal, que se obliguen a la contratación de estas personas jóvenes cuya etapa formativa se haya completado y acreditado en lo que a conocimientos se refiere, para que adquieran, en el seno de los servicios prestados por las administraciones públicas, las primeras experiencias en el empleo, así como competencias y habilidades sociales y profesionales.

La financiación para la realización de las actuaciones objeto de esta convocatoria asciende a 112,7 millones de euros. De ellos, 96 millones son para el ejercicio 2022 y 16,5 millones, para el ejercicio 2023.

Hay un primer plazo de solicitud ya abierto para que las administraciones dependientes de la Administración General del Estado presenten sus solicitudes. Finaliza el 16 de febrero. Para el ejercicio 2022 se establece un segundo plazo que comienza el 1 de abril y termina 31 de julio. Y para el ejercicio 2023 se abrirá un plazo el 1 de abril de ese año que finalizará el 31 de julio de 2023.

A través del programa de primera experiencia, se cubrirán preferentemente puestos en tareas relacionadas con la transición ecológica y la economía verde, la digitalización de servicios, la cohesión social –la atención de la dependencia e intervención con colectivos vulnerables, la rehabilitación de entornos y vivienda–, así como el desarrollo local rural.

Las subvenciones a otorgar para la contratación se destinarán a la financiación de los costes laborales de las personas jóvenes trabajadoras, incluyendo la cotización por todos los conceptos a la Seguridad Social. La remuneración de la persona contratada en prácticas no podrá ser inferior al 60 por ciento del salario fijado en convenio para una persona trabajadora que desempeñe el mismo puesto y, en todo caso, no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional vigente.

La duración de los contratos será, como mínimo, de diez meses y máxima de doce meses. La jornada de trabajo será a tiempo completo. En todo caso, las contrataciones objeto de subvención no podrán cubrir plazas de naturaleza estructural que estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantilla u otra forma de organización de recursos humanos, que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estén dotadas presupuestariamente.

Las personas que sean contratadas deberán ser desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en el servicio público de empleo correspondiente, jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años. Además, deberán cumplir los requisitos para formalizar un contrato en prácticas.

Las personas trabajadoras objeto de contratación se seleccionarán teniendo en cuenta su mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado y los estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar, entre otras. La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante el uso de currículum vitae ciego, garantizando el principio de no discriminación por ninguna razón.

Para la selección, las entidades beneficiarias deberán utilizar, al menos, una de las siguientes opciones: El Sistema Nacional de Empleo, es decir los servicios de empleo de cada comunidad autónoma a los que solicitarán las personas desempleadas a contratar, con quince días de antelación, al menos, al del inicio previsto de los contratos. O el Portal Único de Empleo «EMPLEATE».

Los fondos Next Generation han derivado recursos también para que las comunidades autónomas puedan desarrollar el mismo programa para los órganos de la Administración regional. De hecho, la Junta de Castilla y León publicó en el BOCYL del pasado 17 de diciembre la Orden por la que adecuaba su convocatoria a la Orden nacional.

PROGRAMA TándEM

El programa TándEM, cuya convocatoria fue publicada también en el BOE de 16 de diciembre pasado, concederá subvenciones a los órganos, organismos y otras entidades del sector público estatal que promuevan proyectos mixtos de empleo y formación para la mejora de la ocupación de los demandantes de empleo mediante la realización de acciones formativas y ejecución de obras y servicios de interés general.

Esta actuación tiene por objetivo la formación en alternancia con el empleo de jóvenes no cualificados en el seno de entidades del sector público estatal. Las entidades promotoras se beneficiarán, por su impulso y compromiso con esta iniciativa de mejora de la cualificación y empleabilidad de los jóvenes que participen en el programa.

Les supone no soportar costes de personal y un evidente apoyo en actividades, tales como la modernización de sus inmuebles con inversión financiable en energías renovables; la explotación de modo más sostenible de sus aprovechamientos forestales y agrarios; el desarrollo de servicios de atención socio sanitaria y a la comunidad; o la recuperación del patrimonio para su gestión sostenible en el ámbito local y turístico.

La finalidad es facilitar la inserción laboral mediante la formación en el empleo de las personas jóvenes trabajadoras desempleadas que participen en él, mayores de 16 y menores de 30 años.

Esta convocatoria, que se desarrollará también en el marco del PRTR, dispone de 120.000.000 euros. De ellos, 80.000.000 corresponden al ejercicio 2022 y 40.000.000, al ejercicio 2023.

El plazo de presentación de solicitudes en la fase 1 ha comenzado ya y finalizará el 16 de febrero. Para la fase de 2022, se inicia el 1 de abril y finaliza el 31 de agosto. Y para la fase de 2023, comienza el 1 de marzo y termina el 31 de julio.

PROGRAMA INVESTIGO

El Programa Investigo busca también la contratación de personas jóvenes de 16 o más años y que no hayan cumplido 30 años, y que se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo, en el momento de comenzar la relación contractual, en la realización de iniciativas de investigación e innovación.

Su finalidad es la contratación de personas jóvenes investigadoras, tecnólogas, personal técnico y otros perfiles profesionales en I+D+i, así como, en su caso, el personal de apoyo a la investigación, en organismos públicos de investigación y difusión del conocimiento, universidades públicas, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, entidades públicas sujetas a derecho privado y entidades privadas sin ánimo de lucro, como fundaciones, junto con empresas que inviertan en investigación e innovación.

La financiación para la realización de las actuaciones objeto de esta convocatoria asciende a 71 millones de euros. De ellos, 58,7 millones de euros son para el ejercicio 2022 y 12,4, para el ejercicio 2023.

Las subvenciones a otorgar para la contratación se destinarán a la financiación de los costes laborales y salariales, incluyendo la cotización por todos los conceptos a la Seguridad Social, de las personas jóvenes que sean contratadas para el desarrollo y ejecución de las iniciativas de investigación e innovación del «Programa Investigo».

La duración de los contratos a subvencionar será de un mínimo de 12 meses. La duración de la subvención será de un máximo de dos años. No se podrán contratar personas jóvenes que hayan desempeñado cualquier tipo de puesto de investigación en la misma entidad, empresa o grupo de empresas en el plazo de 6 meses inmediatamente anteriores.

Los empleadores tendrán subvenciones de entre 22.405,94 euros por persona contratada y año de contratación (1.867,16 euros por mes) a 33.108,92 euros por persona contratada y año de contratación (2.759,07 euros por mes).

Para este programa está ya abierto el plazo de presentación de solicitudes en su fase 1. Concluye el 22 de febrero próximo. Para 2022 el plazo va del 1 de abril al 31 de julio. Y para 2023, también del 1 de abril al 31 de julio de aquel año.

Tal y como ocurría con el Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas, las comunidades autónomas reciben fondos del PRTR para desarrollar el programa en sus territorios.

La delegada del Gobierno ha concluido indicando que las subdelegaciones del Gobierno, coordinadas por la Delegación, están trabajando en todos los ámbitos de los servicios periféricos de la Administración General del Estado para “identificar iniciativas que permitan proponer actuaciones concretas en base a las que presentar solicitudes para contratar a jóvenes para la prestación de servicios, realización de tareas o proyectos de investigación relacionados con la transición ecológica, la digitalización de servicios, la cohesión social o el desarrollo local rural”.

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