Redacción.-
Los concejales del Partido Popular celebran la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que anula el decreto del Ayuntamiento de Valladolid por el que se aprobó implantar carriles bici y carriles bus-taxi en la ciudad. Exponen que la juez da la razón al PP al sentenciar que el decreto es nulo de pleno derecho, por lo que todas esas actuaciones son ilegales.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid ha estimado el recurso del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de la capital contra la resolución que rechazó el recurso de reposición presentado por los populares en el Consistorio contra el decreto que implantaba los carriles bici y carriles bus-taxi en la ciudad.
En el verano de 2020, en plena pandemia y por decreto, el equipo de Gobierno encabezado por Óscar Puente implantó 21 tramos de carriles bus-taxi y dos carriles bici segregados y estableció la prohibición de circular por las calles Cánovas del Castillo y Fray Luis de León. “Se trata de un decreto que establecía un nuevo régimen circulatorio en la capital amparándose fraudulentamente en el PIMUVA de 2005, convirtiendo la ciudad de los 15 minutos en la de los 50 atascos y sin contar con nadie”, recuerda Blanco.
El Grupo Municipal Popular ha presentado varias mociones sobre movilidad que siempre han sido rechazadas por PSOE y VTLP y hasta se celebró un pleno extraordinario monográfico sobre este asunto, por petición del PP, en el que también rechazaron todas sus propuestas. Después de estas acciones, la presidenta del Grupo, Pilar del Olmo, anunció que no les quedaba más remedio que acudir a la vía administrativa para intentar revertir estos cambios y favorecer a los vecinos, por lo que presentaron un recurso de reposición a dicho decreto. “Este recurso también fue desestimado por el Ayuntamiento y el siguiente paso fue llevarlo al Contencioso-Administrativo, quien ahora ha resuelto que el Partido Popular tiene razón y el decreto es contrario a derecho, por lo que la implantación de todos esos carriles bus-taxi y carriles bici es ilegal”, sostiene Francisco Blanco.
El Plan de Movilidad afecta de forma general a la regulación del tráfico en Valladolid
El recurso del PP se fundamentaba en tres puntos: vulneración de la Ley de Tráfico, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. “Cualquier persona que se hace una casa necesita un proyecto, visar unos documentos, pagar unas tasas, seguir una normativa… Pues el Ayuntamiento para hacer efectivas estas actuaciones en materia de movilidad se ha saltado todo”, ha manifestado Blanco, quien ha aclarado que la sentencia conocida ayer estima el primer punto defendido por los populares y, en consecuencia, no entra a valorar las demás alegaciones.
La sentencia recoge que las actuaciones aprobadas por ese decreto no pueden ser calificadas como de “actuaciones aisladas” para el desarrollo del PIMUVA, sino que suponen una afectación general a la regulación y ordenación del tráfico urbano de la ciudad de Valladolid. “El fallo también sostiene que unos cambios de tal magnitud exigen que se deberían haber hecho a través de una ordenanza y cumplir todos los trámites que exige la ley para elaborar las ordenanzas municipales, entre los que hay uno esencial como es el de audiencia pública y aquí no se ha cumplido”, asegura el concejal popular.
Desde el Partido Popular sostienen que las consecuencias de esta sentencia son claras: “suponen un varapalo judicial tremendo para Óscar Puente y sus tan presumidos y costosos cambios en la movilidad de Valladolid que lo único que han conseguido es sumir a la ciudad en un estado de in-movilidad a través de una decisión que ha sido declarada ilegal”, aclara Blanco. Los populares insisten en que desde el primer momento advirtieron de que se trataba de actuaciones contrarias a derecho y que vulneran el Ordenamiento Jurídico, “por eso hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para frenar este despropósito y revertir los cambios. Si nos hubiesen escuchado, ¡cuánto dinero, malestar, incomodidad, atascos y tiempo se hubiesen ahorrado los vallisoletanos!”, apunta el edil del popular.
La sentencia condena también al Consistorio al pago de 500 euros en concepto de costas.
