Redacción.-
El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha entregado esta mañana al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, la propuesta normativa sobre la creación y funcionamiento de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, a modo de unidad interna inscrita en el organigrama del órgano de control externo, tal y como ha sido recogido en un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que fue presentado por el Ejecutivo autonómico el pasado 1 de octubre. Una ampliación competencial que necesitará en todo caso de la dotación de los recursos necesarios para su funcionamiento.
Esta propuesta, según señaló el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, se podría incorporar al conjunto de modificaciones normativas que ya fueron planteadas el año pasado a los Grupos Parlamentarios de las Cortes, y que en documento conjunto ha sido entregado hoy al portavoz y secretario general autonómico del PSOE en el transcurso de la reunión.
El Pleno del órgano de control externo celebra este encuentro con Tudanca después de haber comunicado sus propuestas al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 21 de octubre
La propuesta de las referidas modificaciones se centra en el avance de una mayor autonomía orgánica y funcional para el Consejo y requeriría, en su caso, la revisión de la vigencia de la Ley 4/2013, de reforma de las Instituciones Propias de la Comunidad, una vez superados los objetivos que motivaron en una coyuntura específica dicha ley, y también distintas modificaciones de la Ley 2/2002, de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
Entre los objetivos fundamentales de estas modificaciones, enmarcadas en el Plan Estratégico 2019-2022 del Consejo, se plantea que este vea reforzada su independencia y garantizar su autonomía funcional en términos equiparables al resto de los órganos de control externo autonómicos de España.
Se pretende, además, establecer las condiciones para favorecer un nuevo impulso a la rendición de cuentas y, al mismo tiempo, acortar los plazos para el cumplimiento de esta obligación legal con el propósito de dotar a los informes de fiscalización la mayor actualidad posible.
Más concretamente, que el Consejo de Cuentas realizará sus funciones de fiscalización conforme al Plan anual que elabore, sin que tenga que ser sometido a la aprobación de las Cortes; que la Cuenta General de la Comunidad se rinda antes del 1 de agosto o que las entidades locales rindan sus cuentas al Consejo de acuerdo a los plazos previstos en la ley reguladora de las Haciendas Locales, es decir, unificándose los plazos con la normativa nacional, e incorporándose el condicionamiento del pago de subvenciones y transferencias a la efectiva rendición de cuentas.
En materia de personal, se propone mejorar la gestión de sus recursos humanos, tratando el régimen y retribuciones del personal en coherencia con la dependencia orgánica de las Cortes de Castilla y León o, en su caso, reestableciendo el régimen previo a la entrada en vigor de la referida Ley 4/2013 de las Instituciones Propias. En este sentido, se pone de manifiesto que el actual sistema retributivo está resultando objetivamente disuasorio, tanto para garantizar la cobertura de plazas con la incorporación de personal debidamente cualificado, como para el mantenimiento de la actual plantilla.
Esta propuesta de modificaciones es consecuente con el ejercicio constante de modernización y mejora que inspira la actuación del Consejo para cumplir con las demandas y las expectativas de una sociedad cada vez más exigente con el correcto funcionamiento de las administraciones públicas.
En el encuentro con Luis Tudanca han acompañado al presidente del Consejo, Mario Amilivia, los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez. Por parte del Grupo Parlamentario ha asistido a la reunión la portavoz del área de Presidencia, procuradora Alicia Palomo.
