Redacción.-
El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado del diputado de Asesoramiento a Municipios, Fernando Esteban, y del Presidente Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la rama Agrícola de Castilla-Duero, Gumersindo Sanabria, han presidido la reunión con los colectivos agrícolas y sociales afectados por la reforma del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica, con el fin de avanzar en la redacción de las posibles alegaciones al documento definitivo.
Esta reunión da continuidad al documento presentado en octubre del pasado año en el que se recogían las alegaciones coordinadas entre la Diputación de Valladolid, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, las Organizaciones Agrarias, la Cámara Agraria Provincial; las Comunidades de Regantes, las Mancomunidades, la Unión de Cooperativas (URCACYL), medios de comunicación especializados y otros profesionales del sector.
Como ha señalado Conrado Íscar, “se trata de defender a los agricultores y ganaderos, así como, en general, a todas las personas que viven y desarrollan su actividad dentro del mundo rural, porque por ejemplo hay localidades que llevan más de dos años para solucionar problemas de suministro de agua a para el consumo humano”.
ALEGACIONES YA PRESENTADAS
El documento presentado hace un año se organizaba en 12 apartados diferentes que hacían referencia a cuestiones como el uso sostenible de las aguas subterráneas, la contaminación urbana e industrial, la implantación de caudales ecológicos, la sostenibilidad del regadío, la adaptación al cambio climático, la optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos o la regulación y control del dominio público hidráulico.
Entre las medidas propuestas destacaban la necesidad de facilitar a los usuarios de aguas subterráneas la regularización de los diferentes derechos inscritos mediante procesos jurídicamente seguros y eficaces, pero con una tramitación sencilla y breve, sin que, en ningún caso, esta regularización ampare peajes que supondrían una penalización a aquel usuario que pretende la adaptación del aprovechamiento a la legalidad vigente.
Asimismo, en esta materia se proponía una regularización de oficio de todos aquellos aprovechamientos que demuestren que están en funcionamiento desde el momento en que recibieron la autorización de la administración competente y con las dotaciones y superficies con las que fueron autorizados y funcionaron con anterioridad al 1 de enero de 1986.
Por otro lado, se proponía incrementar la capacidad de regulación de la Cuenca, actualmente en el 31%, muy por debajo de otras cuencas como Ebro (50%), Tajo (90%), Guadalquivir (115%) o Guadiana (218%), lo que supondría incrementar los recursos hídricos disponibles. Ello ayudaría a solventar otros problemas derivados de los efectos del cambio climático, aumentando el almacenamiento en años de mayor pluviometría y evitando inundaciones, además de permitir el establecimiento de caudales ecológicos acordes al mantenimiento de la biodiversidad de la cuenca, sin que esto tenga que suponer una restricción del uso del agua por los regantes.
Dentro del apartado de sostenibilidad del regadío, se proponía el recrecido de los embalses de Castrovido, Compuerto, Riaño, Porma, Villameca, Aguilar, Cuerda del pozo y las Cogotas, así como mantener el desarrollo completo de las zonas de la Armuña y Payuelos.
Por último, además de cuestiones relativas a los diferentes procesos de tramitación administrativa, se demandaba la incorporación a los presupuestos en el horizonte 2021-2027 de un total de 14 nuevos embalses, la regulación de los ríos Cea y Valderaduey, y el recrecido de los embalses de Barrios de Luna, Porma, Requejada y Santa Teresa.
