Redacción.-
- En Castilla y León las inversiones totales en Formación Profesional por parte del Gobierno de España suman hasta el momento 81.116.044,36 euros
- La norma consolida una oferta formativa modular, flexible y acreditable dirigida a estudiantes y trabajadores, tanto empleados como desempleados
- Toda la Formación Profesional tendrá carácter dual, incrementándose la colaboración entre el centro de formación y las empresas para conectar la formación con el empleo
- La innovación, la digitalización, la investigación aplicada y el emprendimiento serán ejes transversales del nuevo modelo
El Consejo de Ministros, a propuesta de la titular de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, aprobó este martes, el anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. Tras recibir la luz verde del Ejecutivo, el texto se convierte en proyecto de Ley para iniciar el trámite parlamentario en las próximas semanas. “Debemos a toda una generación de jóvenes una oportunidad de empleo de calidad como la que les puede proporcionar la Formación Profesional”, subrayó la ministra.
La futura Ley de Formación Profesional consolida y ordena un sistema único de Formación Profesional que por primera vez estará dirigido a estudiantes y trabajadores (ocupados y desempleados) para facilitar itinerarios formativos a lo largo de la vida profesional de las personas. “Va a conseguir una integración real de toda la oferta formativa de la Formación Profesional, de modo que todas las personas, cualquiera que sea su edad y su situación, podrán encontrar de una forma sencilla una oferta formativa adecuada a sus necesidades en cada momento”, ha explicado la titular de Educación y FP.
El documento, presentado en Consejo de Ministros el pasado mes de junio, ha sido fruto de un intenso proceso de participación que comenzaba a finales de 2020 y ha recibido las aportaciones del sector empresarial, las comunidades autónomas, otros departamentos ministeriales, interlocutores sociales, numerosas asociaciones y entidades, y también de la ciudadanía. Además, ha contado con los informes favorables del Consejo Escolar del Estado, el Consejo Económico y Social, el Consejo General de la FP, Conferencias Sectoriales y del Consejo de Estado.
La nueva norma responde a la profunda transformación del sistema de Formación Profesional que comenzó ya en 2018 con el diseño de toda una estrategia de modernización.
La necesidad de una mayor cualificación intermedia entre la población activa de nuestro país ante la demanda creciente de estos perfiles profesionales en el mercado laboral, el incremento de horas de formación entre empleados y desempleados, la necesidad de acreditar las competencias profesionales de millones de trabajadores o el impulso del número de jóvenes que eligen la Formación Profesional como opción formativa de primer orden y de éxito son algunos de los retos a los que el Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere hacer frente con la futura Ley.
La futura Ley cuenta con un impacto presupuestario de 5.474,78 millones de euros previsto durante su implantación en cuatro años.
Inversiones y plazas en Castilla y León
En Castilla y León las inversiones totales en Formación Profesional por parte del Gobierno de España suman hasta el momento 81.116.044,36 euros, más de 19 de ellos a través del Mecanismo de Recuperación 2021, aprobados en Consejo de Ministros del 08/06/21, otros 42,8 de FP para el empleo aprobados en Consejo de Ministros del 27/04/21, 17 más del Plan FP 2020 aprobados en Consejo de Ministros del 15/12/20 y dos millones más de Fondos FP varios (2020-21), aprobados en Consejo de Ministros del 03/11/20).
El impulso económico dirigido a las comunidades autónomas ha contribuido a permitir la creación en Castilla y León de 3.298 nuevas plazas en 2021, 1.350 de ellas de educación bilingüe, y otras 3.218 en 2020.
En los próximos 4 años, hasta 2023, se habrán creado 200.000 nuevas plazas de FP en todo el país.
Nueva oferta modular y acreditable
El texto de la nueva Ley establece una oferta única, modular y flexible de Formación Profesional ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E). La experiencia formativa de cada persona estará disponible en el nuevo Registro Estatal de Formación Profesional, que permitirá a cualquier ciudadano acceder al mismo y obtener un Informe de vida formativa-profesional actualizado.
La nueva estructura facilitará el acceso a todo un abanico de formaciones de distinta duración y volumen de aprendizajes que contempla desde unidades más pequeñas o microformaciones (grado A) hasta alcanzar los títulos y cursos de especialización (grados D y E). De esta forma, cada persona podrá diseñar y configurar itinerarios propios adaptados a sus expectativas profesionales y necesidades laborales.
Toda la oferta, independientemente de su tamaño y duración, será acumulable, certificable, y acreditable, lo que permitirá a estudiantes, ocupados y desempleados avanzar en su trayectoria formativa que conducirá a acreditaciones, certificados profesionales, titulaciones y másteres profesionales.
Toda la Formación Profesional tendrá carácter dual: general o intensiva
El proyecto de Ley de Formación Profesional contempla que la oferta de los Grados C y D incluirá un periodo de formación en la empresa bajo dos regímenes:
- Formación Profesional general: con un tiempo en la empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación, y el compromiso de la compañía de participar en hasta un 20% de los contenidos y resultados de aprendizaje del currículo.
- Formación Profesional intensiva: con una formación en la empresa a partir del 35% de la duración total, así como la colaboración de esta con el centro de formación en el desarrollo de más del 30% del currículo. Además, contempla un contrato de formación entre el estudiante y la empresa en los términos que determine la legislación laboral.
La norma potencia la corresponsabilidad entre los centros de Formación Profesional y los centros de trabajo de su entorno, que trabajarán de manera conjunta en los aprendizajes del currículo.
El proyecto incorpora la figura del tutor dual del centro y del tutor dual de empresa. Este último colaborará en la valoración de los aprendizajes adquiridos de cada estudiante, aunque la evaluación final será responsabilidad del centro de Formación Profesional.
Acreditación de competencias
El proyecto de Ley también transforma el sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. El texto fortalece el procedimiento abierto de manera permanente iniciado el pasado mes de marzo con la aprobación del Real Decreto 143/2021. Con este nuevo sistema el MEFP prevé que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en cuatro años, tan solo 300.000 lo consiguieron con el modelo anterior.
Conexión con la Universidad
La nueva norma regulará la relación entre las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios formativos que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas y en ambos sentidos. El texto contempla el impulso a nuevos modelos de colaboración, proyectos compartidos, o el intercambio de recursos y espacios para generar transferencia de conocimiento y la puesta en común de buenas prácticas.
Orientación Profesional a lo largo de la vida
El MEFP apuesta también por el acompañamiento durante la formación y establece el origen de lo que será el nuevo modelo de Orientación Profesional en el marco de la Formación Profesional al servicio de la ciudadanía, e integrado en los procesos de formación y acreditación de competencias.
En cuanto a los centros, las dos redes hasta ahora independientes, la del sistema educativo y los centros y entidades autorizadas para la Formación Profesional para el empleo, serán complementarias. Todos los centros estarán inscritos en el Registro Estatal de Centros de Formación Profesional.
Internacionalización
La futura Ley también atiende a las recomendaciones de la UE en materia de internacionalización. El documento regula la participación en proyectos y organismos internacionales, la convocatoria de proyectos de formación entre centros españoles y extranjeros, así como la movilidad de alumnado y profesorado entre distintos países. Además, incluye la creación de dobles titulaciones y la oferta bilingüe.
