Redacción.-
El grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial se reunió ayer para analizar la situación generada por el grave repunte de casos de feminicidio desde la finalización, el pasado 9 de mayo, del estado de alarma. El encuentro, convocado de urgencia por la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha servido para reflexionar sobre las posibles causas del elevado número de asesinatos de mujeres en las últimas siete semanas, así como sobre la vigencia y actualización de los protocolos y guías de actuación.
Además, y con el mismo fin, Carmona tiene previsto convocar para el próximo mes de septiembre el pleno del Observatorio, del que, además del Consejo General del Poder Judicial, forman parte los ministerios de Justicia, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Interior; la Fiscalía General del Estado; las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, conforme a un turno rotatorio; el Consejo General de la Abogacía Españañola y el Consejo General de Procuradores de Españaña.
Tras el encuentro mantenido ayer, el grupo de expertos del Observatorio reclamó la inmediata puesta en marcha de las medidas contenidas en el Pacto de Estado firmado en 2017 que aún están pendientes de desarrollo. Muy especialmente, de aquellas referidas a la prevención, a la educaciónón y a las campañas de sensibilización y concienciación frente a la violencia de género. Todas ellas, en opinión de los expertos, son imprescindibles para generar en la sociedad un clima de “tolerancia cero” frente a la violencia machista y erradicar estos crímenes.
En esta línea, los expertos consideran necesario incluir en los protocolos de valoración del riesgo nuevos parámetros que contribuyan a un mejor diagnóstico. Entre ellos, la investigación de las redes sociales de las personas denunciadas por violencia machista y el análisis de su conducta por equipos de psicólogos y criminólogos especializados en ciencia del comportamiento.
Los expertos, preocupados por el repunte de casos en las últimas semanas, han querido transmitir un mensaje de esperanza a toda la sociedad, pues ni las instituciones ni los profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género van a caer en el desánimo; al contrario, van a seguir trabajando para lograr el objetivo de cero víctimas.
Contabilizar todos los asesinatos de menores
Por otra parte, la presidenta del Observatorio ha comunicado a los integrantes del grupo de expertos su decisión de remitir un oficio a la Comisión Nacional de Estadística Judicial para que los boletines estadísticos incluyan todos los casos de asesinatos de menores y, de este modo, se actualicen conforme a la recién aprobada Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia.
Esta modificación permitiría elaborar estadísticas rigurosas sobre los crímenes en los que la víctima es un menor, ya sea en el ámbito de la violencia de género o de la violencia doméstica.
También en relación con las novedades introducidas por esta ley, durante la reunión se ha abordado la necesidad de adaptar los cursos de formación específicos en materia de violencia de género. En relación con este punto, los expertos han analizado cuál debe ser la definición exacta del término “violencia vicaria”, utilizado específicamente en el ámbito de la psicología, desde el punto de vista jurídico.
Los integrantes del grupo de expertos que colaboran con el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género son la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Gemma Gallego; la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Las Palmas, Auxiliadora Díaz Velázquez; Almudena Nadal Siles, magistrada del Juzgado de Instrucciónónón 8 de Almería; la magistrada de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa María José Barbarín; María Tardón Olmos, titular del Juzgado Central de Instrucciónónón 3 de la Audiencia Nacional; el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro; el magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia José María Gómez Villora; el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona Ricardo Rodríguez; y el profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada Miguel Lorente.
