Redacción.-
La Consejería de Empleo e Industria ha aprobado un conjunto de subvenciones, por valor de cinco millones de euros, destinadas a la contratación de desempleados perceptores de renta garantizada de ciudanía en los 60 municipios de más de 5.000 habitantes de Castila y León. Estas ayudas permitirán a las entidades locales beneficiarias contratar a unos 500 desempleados para la realización de obras y la prestación de servicios de interés general o social.
Los incentivos aprobados en el Consejo de Gobierno están dirigidos a los 60 ayuntamientos de la Comunidad con una población superior a los 5.000 habitantes permitirán que estos municipios puedan financiar gran parte de los costes salariales y de seguridad social derivados de la contratación de personas desempleadas y perceptoras de renta garantizada de ciudadanía.
Se estima que esta ayuda del Servicio Público de Empleo de Castilla y León permitirá financiar la contratación de unas 500 personas en situación de especial vulnerabilidad, durante de un periodo de 180 días y a jornada completa. Las entidades locales, que podrán realizar estas contrataciones temporales hasta el próximo 31 de agosto, percibirán una subvención de 10.000 euros por cada uno de los contratos que realicen con cargo a esta subvención y con el fin de realizar obras y prestar servicios de interés general o social de su competencia.
De este modo, además de favorecer el acceso al empleo de personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, las subvenciones permitirán a las entidades locales mejorar espacios públicos y los servicios que prestan a sus vecinos. Además, la Junta de Castilla y León anticipará, el 50 % del importe de la subvención, con el fin de facilitar la gestión del programa a las entidades locales.
La asignación de las subvenciones entre los distintos ayuntamientos se ha distribuido teniendo en cuenta el número total de parados registrados en el municipio durante el año 2020, y el número de personas dadas de alta en el ayuntamiento como perceptoras de renta garantizada de ciudanía. Se ha fijado un importe máximo de 400.000 euros por entidad local.
La provincia de Valladolid recibirá 740.000 euros.
