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jueves, junio 24, 2021
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Castilla y León es la tercera comunidad que más invierte en atención a los dependientes

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Redacción.-

  • En una visita a la residencia de mayores ‘Puente de Hierro’ en Palencia, el presidente de la Junta agradece el trabajo de los profesionales, que han contribuido a consolidar el liderazgo de Castilla y León en la gestión de las políticas sociales
  • El XXI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia certifica que Castilla y León ofrece una “atención plena” a los más vulnerables y no tiene listas de espera
  • La Comunidad es la tercera que más invierte en atención a los dependientes, 1.471 euros por persona, el 27 % más que la media, y la primera en creación de empleo, con 53 puestos de trabajo generados por cada millón de euros de gasto público
  • El jefe del Ejecutivo defiende la oportunidad de aprovechar los fondos europeos para acelerar la modernización de los Servicios Sociales, consolidar la Dependencia 5.0 y apuntar a este territorio en la posición de vanguardia por su política social

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado esta mañana, durante su visita a la residencia de mayores ‘Puente de Hierro’, en Palencia, la fortaleza de los Servicios Sociales de Castilla y León y la capacidad, sacrificio, vocación y entrega demostrados por sus profesionales en el difícil año de la pandemia. Su gestión centrada en el apoyo a los más vulnerables y en un modelo de cuidados más personalizado ha vuelto a situar a esta Comunidad como líder de España en atención a la Dependencia.

En primer lugar, el jefe del Ejecutivo ha constatado que la vacunación en las residencias ha frenado en seco los contagios y permite mirar al futuro con optimismo, a la vez que ha subrayado que Castilla y León revalida su primera posición según el XXI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Obtiene una puntuación de 8,9 sobre diez y aventaja en casi dos puntos a la segunda autonomía más diligente en la aplicación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La Comunidad no sólo se desmarca claramente de la media nacional –que se queda en un 4,6 en la escala de valoración–, sino que agranda el diferencial con respecto a la segunda de la lista –pasa de 7 décimas en 2019 a 1,8 puntos en 2020–.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado el mérito de la calificación obtenida por los Servicios Sociales –bajo la gestión de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades–, en un contexto de extrema dificultad debido a la emergencia del coronavirus, que ha puesto a prueba la solidez de los servicios públicos que prestan las comunidades y ha certificado su capacidad de respuesta en la atención a los más vulnerables.

De hecho, el XXI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia dedica un apartado a analizar la influencia de la pandemia en la gestión de la Dependencia de las autonomías, a las que agrupa en tres bloques. Castilla y León figura en el primero de ellos, el de ‘Comunidades con gran atención’, y certifica que es la única que ha logrado la “plena atención”.

Dicho de otra manera, en este territorio no existe lista de espera. A 31 de diciembre de 2020, solo había un 0,1 % de personas pendientes de recibir su prestación (frente al 1,5 % del año pasado). Castilla y León se sitúa a gran distancia de la segunda en la lista, Navarra, donde la ratio se eleva al 5,5 % –pese a contar con un sistema de financiación propio más ventajoso– y muy alejada de la media en España (del 17,1 %).

Tramitación rápida y eficaz

Vinculado con lo anterior, el informe revela las notables diferencias interterritoriales en la tramitación de los expedientes sobre Dependencia. El tiempo medio transcurrido en el país desde que se registra una solicitud hasta que se resuelve la prestación es de 430 días. En Castilla y León, sin embargo, este plazo se reduce a 187 días. Sólo mejoran este indicador la ciudad autónoma de Ceuta (con 76 días) y País Vasco (138 días), que se financia a través del concierto económico.

La Comunidad es líder también en tasa de cobertura. A pesar de que por el efecto de la pandemia fallecieron 21.394 dependientes con solicitud el pasado año, los Servicios Sociales autonómicos atendieron a 105.589 personas, 813 más que al cierre de 2019. Los beneficiarios suponen el 25 % del total de la población potencialmente dependiente, el porcentaje más alto del país y siete puntos superior a la media.
Fernández Mañueco ha enfatizado el importante esfuerzo económico realizado por su Gobierno en la atención a la Dependencia. Castilla y León es la tercera autonomía que más invierte por persona (1.471 euros), por detrás de País Vasco –que disfruta de una financiación privilegiada gracias al cupo– y Cantabria –territorio uniprovincial–. Además, el gasto por dependiente en la Comunidad es el 27 % superior a la media estatal (1.158 euros).

Alto retorno de la inversión pública

Castilla y León destaca no sólo por el volumen de inversión en Dependencia, sino por la eficiencia de ese gasto. De hecho, es el quinto territorio con una tasa de retorno más elevada, del 41,8 % (lo que implica que recupera casi 42 euros por cada 100 que gasta), gracias a su apuesta por los servicios profesionales y de calidad.

Otro de los indicadores más relevantes a la hora de analizar la gestión de la Junta en materia de Servicios Sociales es el empleo. Esta Comunidad lidera la creación de puestos de trabajo vinculados a la atención a la Dependencia: sostiene 53 por cada millón de euros de gasto público, muy por encima de los 35,3 de España, y a gran distancia de la autonomía colista, Baleares, con 19,4 empleos.

Tras analizar los principales datos contenidos en el XXI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, el presidente de la Junta ha incidido en la apuesta de su Gobierno por seguir avanzando en la implantación de ese nuevo sistema de atención centrado en las personas, que ayudará a los centros a estar preparados y afrontar mejor crisis como la que aún sufrimos. Un modelo que se consagrará en una futura Ley de Atención Residencial, cuyo borrador está abierto a la participación de la sociedad civil.

Dos circunstancias van a ser clave para acelerar esa transformación de la política social. Por un lado, el hecho de que Castilla y León no acumule lista de espera ni en la valoración ni en el reconocimiento del derecho a las personas dependientes permitirá a la Junta destinar los fondos procedentes del Plan de Choque del Gobierno de España a mejorar el sistema e incrementar las prestaciones y servicios para reforzar los cuidados de los más vulnerables, materias que ya se están abordando en la Mesa de Dependencia constituida con los agentes del Diálogo Social en la Comunidad.

Por otro lado, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a canalizar también hacia ese mismo objetivo los 150,74 millones asignados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comisión Europea 2021-2023. Para ello, tiene 166 proyectos en cartera diseñados para acelerar la modernización de sus Servicios Sociales de la mano de las nuevas tecnologías y consolidar el sistema de atención a la Dependencia 5.0. Todo ello, en colaboración con las corporaciones locales y las entidades del Tercer Sector, y con el reto de que esta Comunidad continúe a la vanguardia en España por su gestión.

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