La Junta, de charco en charco

Editorial

Desde hace casi un año, la población se ha acostumbrado a vivir en una vorágine normativa que incluye restricciones en las diferentes cuestiones que antes componían la vida normal de los individuos. Todo ello, se entiende que va encaminado a defender la salud de las personas pero, sin embargo, la Junta de Castilla y León ha visto enfangada su gestión por la propia ley que ha impuesto, con divergencias en varias ocasiones con lo propuesto desde el Gobierno central.

Así, desde el pasado 16 de enero todos los ciudadanos de la comunidad debieron acudir a sus domicilios antes de las ocho de la tarde, en contra de la medida por la que se apostaba desde el Ministerio de Sanidad. De igual manera, los dueños de comercios y establecimientos hosteleros han cerrado sus negocios a la hora citada, aunque ahora es previsible esperar una lluvia de demandas por lucro cesante hacia la Junta.

Y es que el gobierno regional se ha impuesto como uno de los enemigos “públicos” de hosteleros y comerciantes que prestan sus servicios en la comunidad, cuando bien podría haber actuado de manera muy similar, teniendo en cuenta que el horario comercial sólo difiere en media hora de lo propuesto antes y después del toque de queda.

Es evidente el cabreo de la ciudadanía, pues resulta complicado explicar toda esta serie de medidas cuando no traen consigo resultados diferentes al resto de comunidades, que han tenido un descenso de casos de coronavirus muy similar durante esta tercera ola. Por este motivo, las sensaciones que están trasladando los altos mandos de la Junta de Castilla y León, son diferentes a las de una defensa a ultranza de la salud con la que predican habitualmente y, en su lugar, están dando pie a tres impresiones bien distintas.

En primer lugar, transmiten a los ciudadanos una falta de libertad constante, con una imposición día tras día de su normativa restrictiva. La segunda sensación es una falta de respeto hacia la ley, ya que ha demostrado ir contra lo preceptuado por el Estado de Alarma nacional. Por último, faltan datos que expliquen que la normativa funciona y no se está demostrando la eficacia de las medidas tomadas.

Por todo ello, cabe preguntarse si no hubiera sido más fácil aplicar un cierre similar al de otras regiones, algo que no hubiera puesto en contra no sólo a los hosteleros, sino a una mayoría de comercios de la comunidad. Parece que la Junta de Castilla y León no sale de un charco y se mete con prisa en el siguiente.

La Voz de Medina y Comarca