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Redacción.-
La Audiencia Provincial de Salamanca que rechaza un recurso interpuesto por Foro de Izquierdas-Los Verdes contra la decisi?n del Juzgado de Instrucciónón?n 2 de denegar la pr?ctica de determinadas diligencias en la causa en la que se investiga si el PP se financi? ilegalmente.
La Sala respalda al magistrado instructor y reprocha a la acci?n popular que solicite diligencias propias de una investigaci?n prospectiva en contra de lo ya establecido por la Audiencia, que en el auto del?pasado 8 de abril por el que reabri? la causa «dej? sumamente claro cu?l era el objeto de la investigaci?n que deb?a llevar a cabo el Juzgado de Instrucciónón?n, evitando una investigaci?n prospectiva encaminada a la indagaci?n gen?rica sobre la posible comisi?n por los denunciados de cualquier il?cito penal».
El Tribunal recuerda la investigaci?n debe centrarse en determinar si «las aportaciones voluntarias, toda vez que se excluy? el delito de coacciones, realizadas por altos cargos y personal de confianza del partido, se destinaron exactamente a cubrir las cuotas de los morosos o tambi?n se han utilizado para alguna forma de financiaci?n ilegal del partido, pero sin que sea l?cito llevar a cabo esa investigaci?n general y prospectiva, m?xime si se da por hecho, injustificadamente, la existencia de la caja B».
El auto a?ade que «en modo alguno es admisible que se parta de la presunci?n de una financiaci?n con dinero B y se pretenda la inversi?n de la carga de la prueba solicitando se interrogue a los distintos testigos, especialmente a los denominados conseguidores, para que prueben que el dinero con el que hicieron las aportaciones no procede de una fuente ilegal. La prueba acordada por el Juez de Instrucciónón?n es la procedente sin perjuicio de que, como consecuencia de la misma, pueda practicarse nueva prueba que se revele ?til y pertinente a los efectos acordados en la resoluci?n de esta Audiencia Provincial».
El tribunal reprocha al letrado de Foro de Izquierda-Los Verdes que en su recurso aluda a «cuestiones estrictamente personales que son inadmisibles en un escrito de contenido jur?dico, con referencias improcedentes a determinados sujetos supuestamente denunciados por el Ministerio Fiscal y que están siendo objeto de otras investigaciones». Son, según recoge la resoluci?n «afirmaciones y expresiones claramente ofensivas hacia personas particulares, que exceden del leg?timo ejercicio del derecho de defensa».
