Redacción.-
Las consejer?as de Transparencia, Ordenaci?n del Territorio y Acci?n Exterior y de Fomento y Medio Ambiente han trabajado conjuntamente para ofrecer como nuevo servicio, en colaboraci?n con el Ministerio del Interior, el acceso a las certificaciones de inexistencia de antecedentes penales en aquellos procedimientos administrativos que requieran dicha documentación. Con ello, cualquier persona salvo oposici?n expresa no tiene la necesidad ni el deber de aportarlo. La Junta de Castilla y León implant? hace doce años la plataforma de intermediaci?n de documentos con otras Administraciones P?blicas y hasta este 31 de agosto el volumen de su actividad fue de 12.179.202 documentos intermediados, de un total de 523 procedimientos, lo que ha supuesto en este tiempo un ahorro estimado total para la sociedad de 73.075.212 euros.
El Gobierno auton?mico desarrolla una política activa en la simplificaci?n de los procedimientos, que se refleja en numerosas iniciativas que afectan directamente a las personas y a las empresas, con el objetivo de mejorar y ser más eficaz?en la prestación de los servicios públicos. Una de las l?neas de trabajo permanente en la Junta de Castilla y León, en relaci?n con la documentación que ciudadanos y empresas tienen que presentar cuando tramitan procedimientos administrativos, es facilitar las relaciones con la Administraci?n auton?mica y cumplir con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com?n de las Administraciones P?blicas, que proclama el derecho del ciudadano a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones P?blicas.
La implantaci?n en el uso de las tecnolog?as de la información a partir del sistema de transmisi?n electrúnica de información que la Administraci?n auton?mica tiene con otras administraciones ha permitido intercambiar datos, certificados y documentos por medios electrúnicos, reduciendo costes de tramitaci?n, a la vez que tambi?n los plazos en la resoluci?n de los procedimientos.
La Administraci?n de la Comunidad de Castilla y León lleva utilizando desde el año 2008 una plataforma de intermediaci?n (denominado SUFO) que permite a los empleados públicos encargados de la tramitaci?n de algunos procedimientos, con autorizaci?n del interesado o sin oposici?n de este, buscar electrúnicamente aquellos datos que requiere el procedimiento y que se hallan en poder de otras Administraciones P?blicas para evitar causar molestias al ciudadano y suprimir la obligaci?n de presentar la documentación oportuna.
