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Redacción.- UPA solicitó el pasado mes de junio que se resolviera el problema detectado en el sector agrario por el cual un agricultor/ganadero puede verse afectado al tener que
pasar la ITV dos veces, en vez de una, cada seis meses. Sería en los casos en los que al
titular de un vehículo agrario (furgoneta, Pick-up…) le hubiera caducado su tarjeta en
el periodo que va del 10 de marzo hasta el inicio de la apertura de las ITV, y por lo
tanto en esta casuística tuviera que pasar la inspección un par de veces en ese corto
periodo de tiempo.
En los últimos días hemos sabido que el Defensor del Pueblo, atendiendo peticiones
como las de UPA y otros colectivos y particulares ha recomendado a la Secretaría General de Industria que el plazo de validez de las ITV se contabilice a partir de de la realización de la inspección, sin descontar el periodo de prórroga por la crisis del coronavirus.
UPA considera un disparate que para la ITV el estado de alarma, y por lo tanto los centros de inspección cerrados, nunca existiera, y tengan en cuenta el mes en el que cumplía la obligatoriedad de pasar la revisión de seguridad y no el momento en el que los centros abrieron sus puertas y se empezaron a poder realizar dichas inspecciones.
Estamos ante una sinrazón como que las ITV se vieran obligadas a parar pero los plazos no lo hayan hecho. Al final los paganos de esta situación son, entre otros, los profesionales del sector agrario.
UPA apela a la responsabilidad para que se rectifique lo que parece una maniobra claramente recaudatoria, y exigimos que se corrija para devolver la cordura normativa
a unos servicios que tienen la obligación de responder con calidad y confianza a los ciudadanos.
Nuestra organización entiende que si no se arregla esta situación estaríamos ante la evidencia, en primer lugar, de que tras el jugoso negocio de la ITV hay muchos intereses
para aumentar su volumen de beneficios, y también, que se prioriza la recaudación de las
administraciones vía impuestos, todo ello a costa de los contribuyentes.
