Redacción.- El 15, Carlos Fdez. Carriedo, ha presentado el Proyecto de Ley que determina que, en determinados supuestos excepcionales de Emergencia de Salud P?blica debidamente declarada, se habiliten mecanismos adicionales para atender a los gastos derivados directamente de esa situación, as? como otros que deban seguir atendi?ndose para la correcta prestación de servicios por parte de la Administraci?n.
La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de afrontar importantes gastos inicialmente no previstos para la Comunidad y cuya realización es absolutamente necesaria?para garantizar la adecuada asistencia sanitaria a aquellos afectados por la enfermedad. Tambi?n ha sido necesario garantizar la prestación de los principales servicios públicos, cuyas condiciones de exigencia se han visto incrementadas?y, finalmente, para dar respuesta a situaciones econ?micas y sociales de aquellos que se han visto especialmente perjudicados por las consecuencias de la crisis.
El Proyecto de Ley tiene un único art?culo que modifica el art?culo 134 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector público de la Comunidad de Castilla y León, a?adiendo un nuevo apartado, en el que se indica que se podr? destinar remanente de tesorer?a para financiar gastos del ejercicio en el que se haya producido una crisis o los efectos derivados de la misma.
As?, se establece que el remanente de tesorer?a estar? destinado preferentemente a la reducci?n del nivel de deuda de la Comunidad, o a la financiaci?n de gastos que no afecten a la capacidad o necesidad de financiaci?n de acuerdo con el sistema europeo de cuentas nacionales y auton?micas.
La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto una nueva realidad ante la cual ha sido necesario hacer frente a un importante número de gastos no previstos inicialmente por parte de ninguna administraci?n, como ha sido el caso de la de Castilla y León.
Además, este Proyecto de Ley es todavía más necesario ante la insuficiencia de recursos procedentes del Gobierno de Españaña hacia Castilla y León, que ha recortado los criterios iniciales de reparto para sanidad y servicios sociales del fondo no reembolsable constituido por el Gobierno. Estos recortes perjudican a comunidades como Castilla y León que han tenido una mayor incidencia de la pandemia, cuentan con una mayor dispersi?n territorial y un mayor porcentaje de población mayor de 65 años.
Por ello, desde el punto de vista del r?gimen presupuestario de las administraciones, se considera necesario establecer mecanismos que garanticen la m?xima flexibilidad para atender los gastos que deriven de situaciones de Emergencia de Salud P?blica como la vivida actualmente.
