Redacción.- Un total de 214.996 asalariados castellanos y leoneses y 75.628 autónomos han recibido algún tipo de prestación social en el último mes, mientras el 72,9% de las personas que estuvieron afectadas por un ERTE, casi 100.000, se habían reincorporado a sus puestos de trabajo a fecha 24 de julio.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, dio a conocer este viernes estos y otros datos referentes a las medidas frente a la COVID-19 adoptadas por el Gobierno, facilitados por las vicepresidencias de Asuntos Económicos, Derechos Sociales, el Ministerio de Hacienda, Seguridad Social y SEPE.
Entre estas cifras destaca que a finales de este mes de julio, un total de 35.808 trabajadores estaban afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en la Comunidad Autónoma, el 3,5% de los afectados por ERTE en toda Españaña, lo que supone 96.399 menos que en el peor momento de la crisis, el 30 de abril, cuando llegaron a ser 132.207. Por lo tanto, el 72,9% de los trabajadores han salido de esta situación, un porcentaje mayor que la media nacional, que se sitúa en el 66,9%.
En este sentido, Izquierdo destacó la importancia de esta medida acordada por el Gobierno de Españaña, que ha conseguido mantener ese alto porcentaje de empleo que corría peligro en el momento en que se decretó el estado de alarma. El delegado hizo hincapié en que el esfuerzo económico realizado a este respecto no sólo ha conservado el empleo de todas esas personas, sino que ha supuesto además la supervivencia de muchas empresas que no
habrían podido soportar el coste de las indemnizaciones de sus trabajadores en un escenario de despidos.
Por otro lado, según datos del SEPE, en el mes de junio, un total de 214.996 trabajadores percibieron algún tipo de prestación social, por un importe total de 162,2 millones de euros, cifra que incluye ERTEs y desempleo. En mayo fueron 258.991 trabajadores los que se encontraban amparados por estas coberturas, lo que supuso un desembolso de 243,8 millones, mientras que en abril fueron 214.980, y 207 millones de euros.
Por tanto, la nómina que el Estado ha sufragado hasta finales de junio en estos conceptos, alcanza en total los 613 millones de euros en las nueve provincias de Castilla y León.
A ello hay que añadir los 196 millones de euros percibidos por los 75.628 trabajadores autónomos cuyas solicitudes de prestación por cese de actividad fueron resueltas favorablemente, un 95,7% del total, que a fecha 27 de julio era de 79.018 personas.
Más cifras
A Castilla y León, además, le corresponden 17,7 millones de euros del Fondo Social Extraordinario aprobado para minimizar el impacto social de la pandemia, lo que se traduce en refuerzo de los servicios sociales y ayudas económicas a familias y colectivos vulnerables. La Comunidad dispone, también, de 1,8 millones en becas comedor, que han dado cobertura durante estos meses a 8.000 familias y 10.323 menores.
Otras medidas económicas frente a la COVID-19, como los avales ICO, han venido asimismo a paliar las dificultades que han atravesado muchas empresas castellanas y leonesas, concretamente, 24.267 firmas, a las que se han aprobado, a fecha 15 de julio, 35.500 operaciones, por un total avalado de 2.551 millones de euros.
El delegado del Gobierno recordó, además, que ayer mismo, 30 de julio, el Ministerio de Hacienda ingresó 534,66 millones más a Castilla y León en concepto del primer tramo del Fondo COVID y la liquidación del sistema de financiación de 2018, dinero no reembolsable, es decir, que no incrementa la deuda ni genera intereses, de acuerdo a criterios objetivos y cuantificables relacionados con el impacto de la pandemia en la Comunidad Autónoma.
Izquierdo concluye, en base a todas estas cifras, que el esfuerzo económico que el Estado ha hecho en los últimos meses con todos los territorios, y en especial con Castilla y León, ha demostrado el compromiso decidido de este Gobierno con todos y todas, especialmente los más vulnerables, así como que existe otra manera de afrontar una crisis, apostando por la cobertura social y la solidaridad interinstitucional.
