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En este sentido, ha asegurado que el Gobierno va a trabajar en los pr?ximos meses para lograr «una cadena alimentaria más justa, más equilibrada, y que forme valor en cada uno de sus elementos». En definitiva, que sea el reflejo de lo que ha sido el sector agroalimentario español, que ha respondido a las necesidades de los ciudadanos durante la crisis del coronavirus.
Seg?n ha recalcado, la ley y su cumplimiento «no es una opci?n, es una obligaci?n legal». Por lo tanto, que los costes de producci?n sean la base de la negociaci?n de los contratos escritos en el sector agroalimentario «no está sujeto a condici?n».
Planas ha aclarado que, con esta reforma legislativa, el Gobierno busca corregir los desequilibrios de la cadena de valor, que desde el año 2013 hasta ahora se ha producido de una forma cada vez más significativa. Con esa nueva norma «se fomenta la transparencia en la formación de precios y se protege al eslab?n más d?bil, es decir, nuestros agricultores y ganaderos».
En su intervenci?n, ha explicado que la reforma de la ley de la cadena alimentaria se está llevando a cabo en dos fases. En la primera, el Gobierno aprob? el pasado 25 de febrero, a petici?n de las organizaciones profesionales agrarias, un real decreto-ley (convalidado posteriormente por el Congreso de los Diputados), que por primera vez introduce que los costes de producci?n en la agricultura y ganadería deben ser inferiores al precio de venta de los productos.
En relaci?n con la segunda fase, ha adelantado que en los pr?ximos días el Consejo de Ministros efectuar? la primera lectura del anteproyecto de ley que traspone la directiva comunitaria sobre pr?cticas comerciales desleales en el sector agroalimentario. El ministro ha apuntado que la elaboraci?n del anteproyecto de ley, que se remitir? a las Cortes el pr?ximo oto?o, contará con un amplio debate con las comunidades aut?nomas y con el sector para contar con sus aportaciones.
