Redacción.-
En concreto, entre los meses de enero a marzo se resolvieron un total de 26.123 peticiones. Si bien durante el periodo del estado de alarma decretado para hacer frente al COVID-19 no se han podido elevar expedientes para su resoluci?n, la Oficina de Asilo y Refugio ha seguido trabajando y tramitando.
Por eso, con la reactivaci?n de la actividad, este mes de junio se han podido resolver otras 16.563 peticiones de protecci?n internacional, alcanzando el total de 42.681 solicitudes. Est? previsto que en el mes de julio se puedan resolver un número similar de solicitudes a las del mes de junio, un ritmo que se mantendr? previsiblemente en cifras similares a lo largo de lo que queda de año.
Estos datos se suman a los obtenido el pasado año, cuando se resolvieron un total de 62.641 solicitudes de protecci?n internacional, frente a 12.889 peticiones tramitadas en 2018.
Estos avances son fruto tanto de las medidas puestas en marcha por el Ministerio del Interior para mejorar el funcionamiento de la OAR como del esfuerzo realizado por los responsables e integrantes de la Oficina.
Solicitudes presentadas
Españaña se ha convertido en este año 2020 en el primer pa?s de la Uni?n Europa en número de solicitudes de protecci?n internacional, con más de 38.000 solicitudes. En concreto, a 9 de junio se habían registrado en nuestro pa?s un total 38.379 peticiones, frente a las 37.274 de Alemania o las 29.657 de Francia.
En los Últimos años Españaña ha experimentado un aumento de las solicitudes de protecci?n internacional. Mientras que en 2012 el número total de solicitudes de protecci?n internacional alcanz? la cifra de 2.588, en 2018 las peticiones fueron de 55.749 y en 2019 alcanzaron las 118.264 (datos estos Últimos pendientes de consolidar).
La Oficina de Asilo y Refugio, que ha seguido trabajando y tramitando durante el estado de alarma, ha retomado este mes de su junio su plena actividad tras los meses en los que el procedimiento de resoluci?n de los expedientes de protecci?n internacional ha estado suspendiendo.
Durante estos meses en los que el procedimiento ha estado suspendido, desde el Misterio del Interior se han adoptado diferentes medidas dirigidas a evitar las consecuencias negativas que la suspensi?n del procedimiento de resoluci?n como consecuencia de la crisis del COVID-19 hubiera podido provocar a los solicitantes y beneficiarios de protecci?n internacional.
As?, el Ministerio decret? la suspensi?n de todos los plazos que afectan a la tramitaci?n del procedimiento, as? como la suspensi?n de la caducidad de todos los documentos relacionados con el procedimiento de reconocimiento de la protecci?n internacional.
Desde el pasado día 1 de junio se ha retomado el procedimiento as? como la atenci?n al público en aquellas provincias que alcanzaban la Fase 2 del Plan para la transici?n hacia una nueva normalidad. Asimismo, se ha decretado la pr?rroga de la validez de la documentación relacionada con el procedimiento de reconociendo de protecci?n internacional.
Medidas de refuerzo
El impulso de la OAR fue una prioridad del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, desde que asumi? la cartera, consciente de la dimensi?n humana de un fen?meno que sufren aquellos que, según establece la Convenci?n de Ginebra, debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religi?n, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se ven obligados a abandonar sus casas y sus pa?ses de origen en busca de protecci?n.
En virtud de este compromiso con la protecci?n internacional, el ministro anunci? en julio de 2018 una reforma de la Oficina tras constatar que ?sta se encontraba sin los recursos humanos ni técnicos suficientes para gestionar un número de solicitudes que se había multiplicado por 12 desde su creaci?n en 1992.
El Gobierno aprob? en ese mes de julio en Consejo de Ministros una oferta de empleo público extraordinaria de 231 plazas para reforzar la OAR, lo que supon?a multiplicar por cinco su plantilla, pasando de los 60 puestos de trabajo con los que contaba a los 291 empleados públicos con los que contará cuando se complete el proceso.
