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jueves, julio 25, 2024

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Familia apuesta por la protecci?n de las personas y las familias más vulnerables de Castilla y León y avanza en la Ley del Tercer Sector Social

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Redacción.-?

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades inicia los tr?mites administrativos del anteproyecto de Ley del Tercer Sector, una vez finalizada la exposici?n de la misma en Gobierno Abierto, de manera que se proceda a la aprobaci?n de esta Ley antes de final de año.

La consejera de Familia ha presentado hoy el texto del Anteproyecto de Ley del Tercer Sector, que estar? disponible en la p?gina de Gobierno Abierto para su consulta y para presentar alegaciones, inici?ndose de esta manera los tr?mites administrativos que llevarón a la aprobaci?n de la Ley antes de final de año.

Se trata de una norma necesaria e importante que reconoce la labor y la aportaci?n de las entidades del Tercer Sector Social de Castilla y León, más de 3.000, que forman el tejido social en Castilla y León y que complementan este sistema de responsabilidad pública, prestando servicios profesionales (más de 5.000 servicios), de calidad, cercanos y apostando siempre por la innovaci?n.

Isabel Blanco ha destacado la importancia de tercer sector, especialmente en la situación que estamos viviendo con la pandemia del COVID y sus consecuencias para las personas, familias y entidades, y es por ese esp?ritu de colaboraci?n que mantenemos desde hace años, por lo que se trata de un sector fuerte y eficaz.

Durante este tiempo, tanto desde la parte asistencial centrada en las personas con discapacidad, como desde la parte de inclusi?n o de voluntariado, se ha tratado de llegar a todas las personas y familias que se encontraban en situación de especial vulnerabilidad. De este modo la consejera se?al? que se han atendido a más de 14.000 familias con ayudas urgentes para alimentos o bienes de primera necesidad a trav?s de Cruz Roja, se ha dado alojamiento a más de 433 personas sin hogar a trav?s de Cáritas o se han incrementado un 10% las familias atendidas por el Banco de Alimentos durante la pandemia de COVID.

Durante el 2020 hay previsi?n de atender a más de 160.000 familias a trav?s de todos los programas de inclusi?n, entre los que se incluyen los programas de promoción de los derechos de los ni?os, con 19.000 menores atendidos anualmente o los de prevenci?n frente al maltrato con 60.000 menores atendidos al año.

La consejera remarc? que estas entidades son un activo fundamental de la sociedad de Castilla y León y que cuentan con la firme voluntad del Gobierno Regional de apoyar, desde el di?logo constante y la colaboraci?n, el fomento del trabajo tan esencial que realizan para nuestra sociedad. En la puesta en marcha y trayectoria de nuestro sistema de servicios sociales siempre se ha contado con el protagonismo y la capacidad de iniciativa de la sociedad civil, marcando el camino a las Administraciones para construir juntos un modelo que es de todos y para todos. De ah? la importancia de la norma que hoy se presenta.

La Ley, además de definir jur?dicamente al tercer sector, establece f?rmulas de participaci?n como el trabajar en Red en Castilla y León, dotando además al sector de una garant?a de sostenibilidad y estabilidad. Además, una de las grandes novedades es el reconocimiento del voluntariado como parte integrante de ese Tercer Sector en el que desarrollan su actividad. Y esto es importante ponerlo de manifiesto en un momento como el actual, en el que hemos comprobado que además de los recursos y servicios profesionales, la labor de los voluntarios, vinculados en su mayor?a a las entidades del tercer sector, se ha mostrado como relevante dentro de estas organizaciones.

L?neas estrat?gicas

En primer lugar, la Ley establece el papel del Tercer Sector y su ?mbito de intervenci?n y para ello, establece quienes son entidades del tercer sector, define los fines de su intervenci?n, los criterios y las distintas f?rmulas de colaboraci?n, dot?ndolo por ley de la necesaria cobertura jur?dica que las organizaciones del tercer sector llevan años demandando.

Por otro lado se establece la finalidad de la intervenci?n del Tercer sector, entre la que se encuentra el promover la inclusi?n social o el reconocimiento de los derechos de toda la población y su ejercicio efectivos por las personas, colectivos o grupos que están en situaciones de vulnerabilidad o exclusión o en peligro de estarlo y se recogen las actividades a desarrollar para alcanzar la finalidad buscada abarcando desde la sensibilizaci?n a la promoción de valores como la solidaridad.

Se marcan los criterios que se deben aplicar en la ejecuci?n de las intervenciones que realicen las entidades del tercer sector con una especial menci?n al trabajo en la Red de Protecci?n, la coordinaci?n con los sistemas de servicios sociales de responsabilidad pública y el papel esencial en el trabajo en red del profesional de referencia ubicado en un técnico de los equipos de acci?n social b?sica del CEAS correspondiente.

Con el fin de promover el reconocimiento a la labor que realiza el Tercer Social y dotarlo de seguridad jur?dica, la Ley contempla la elaboraci?n de un Plan estrat?gico para el impulso y promoción del Tercer Sector y las actuaciones de promoción a realizar por las administraciones para el establecimiento y mejora de la colaboraci?n de las empresas y entidades, con menci?n expresa al favorecimiento del mecenazgo y el patrocinio y se enumera las posibles medidas de apoyo a la actividad econ?mica de las entidades del Tercer Sector dentro del amplio abanico de medidas de car?cter jur?dico o económico.

El voluntariado, un movimiento vital para el Tercer Sector

Como hemos se?alado antes, la importancia del voluntariado en esta Ley hace que se plantee la adaptaci?n del voluntariado a la realidad social actual de Castilla y León y para ello, establece como objetivos principales promover y facilitar la participaci?n de la ciudadan?a a trav?s del voluntariado, para lo que es necesario adaptar la Ley de Voluntariado a la realidad actual, toda vez que la acci?n voluntaria se ha incrementado de manera considerable. En Castilla y León hay unos 200.000 voluntarios que colaboran con alguna de 414 entidades de voluntariado registradas. De ellas, el 50% pertenecen al ?mbito de la acci?n social y los servicios sociales.

As? pues, la Ley del Tercer Sector, quiere promocionar y favorecer un voluntariado abierto a toda la sociedad, estableciendo un movimiento que utilice las nuevas tecnolog?as, pero tambi?n reconociendo sus competencias y dot?ndolos de una seguridad en su trabajo, tanto para ellos como para los destinatarios de la acci?n voluntaria.

El Decreto de Concertaci?n, garant?a de estabilidad para el Tercer Sector

Desde el reconocimiento de la participaci?n de las entidades del Tercer Sector en el sistema de servicios sociales es como mejor se entiende el Decreto de Concertaci?n, uno de los principales soportes jur?dicos y legales de la Ley, que dota además de certidumbre a los colectivos y les garantiza el apoyo económico para llevar a cabo su labor.

As? pues, paralelamente a Ley, se está elaborando el Decreto de Concertaci?n, Una norma que suponga una garant?a de sostenibilidad del sistema actual de prestación de servicios sociales, para lo que regular? el concierto social entre la Administraci?n y las entidades del Tercer Sector.

Esta norma se basa en la Ley de Contratos del Sector público y la normativa europea, que permiten a las Administraciones P?blicas concertar servicios sociales con entidades privadas fuera de la normativa de contrataci?n pública, a trav?s de un procedimiento especial, y ello es posible por los servicios sociales están incluidos en lo que la normativa denomina como servicios a las personas, por lo que gozan de una especial protecci?n mediante una regulaci?n espec?fica distinta de la que rige en materia de contrataci?n pública.

Entre las ventajas del Concierto Social cabe destacar la de la estabilidad y continuidad en los servicios, pero adem?s, potencia y fomenta la innovaci?n, se basa en principios de transparencia y resulta una f?rmula flexible y con mayor capacidad de adaptaci?n a las necesidades.

El Decreto que hoy presentamos regula esta nueva f?rmula organizativa de los servicios sociales que es la acci?n concertada entre la iniciativa pública y la privada y establece como principales novedades la exigencia de una experiencia acreditada mínima como requisito (no como criterio de valoraci?n) para poder concertar; que primen los factores sociales en los criterios de selecci?n y su ponderaci?n, más que el precio o los aspectos económicos del contrato; y que en caso de empate se dar? prioridad a las entidades sin ?nimo de lucro.

Además, establece aspectos como los principios rectores del concierto social, los servicios que se pueden concertar, las entidades que pueden hacerlo, la duraci?n de los conciertos, que será de seis años prorrogables hasta un m?ximo de 12 años, las fases del procedimiento, su ejecuci?n y las obligaciones de las partes.

Se prev? tambi?n el supuesto de procedimiento de urgencia, que en situaciones como las que hemos vivido con e el Covid-19, son de gran relevancia para ser ?giles y eficaces as? como de suscripci?n directa para algunos existentes para no desproveer de una atenci?n personalizada a las personas usuarias.

En definitiva, una Ley y un Decreto que van a dar certidumbre y sostenibilidad a un colectivo como el del Tercer Sector Social, con cuyo consenso se están elaborando ambas normas y que a partir de ahora, una vez reanudados los plazos administrativo con el fin de disponer de esta norma en el pr?ximo Oto

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