12.2 C
Medina del Campo
jueves, septiembre 29, 2022

La Junta aprueba más de 17 millones de euros para subvencionar el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera como consecuencia del COVID-19

-

- Advertisement -

Redacción.-?

La Comisi?n Delegada de Asuntos Econ?micos celebrada hoy ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de este acuerdo, que establece un l?mite de gasto de 17.085.027,74 euros, en el que se incluye un fondo adicional de 4.185.027,74 euros para compensar la excepcional p?rdida de ingresos sufrida en la explotación de los servicios deficitarios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera durante el período de declaraci?n del estado de alarma por la crisis sanitaria, dado las especiales restricciones a la movilidad que dicha situación ha conllevado para los operadores del transporte. La Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, declara como servicio público esencial al transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano, as? como al transporte rural y metropolitano; y de acuerdo con esto, las Administraciones P?blicas han de velar por asegurar la adecuada sostenibilidad económico-financiera de dichos servicios.

La Junta de Castilla y León, a trav?s de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, viene destinando al mantenimiento ordinario del equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de su titularidad con un esfuerzo económico anual superior a los 12,9 millones de euros. Se trata de un esfuerzo económico imprescindible para el mantenimiento del tejido empresarial del sector, que se encuentra muy atomizado, pero a la vez muy pegado al territorio y muy arraigado en el entramado social y empresarial de nuestras ciudades y pueblos. Se trata de subvenciones a 235 concesiones de transporte público de viajeros, que afectan a 134 empresas, que emplean a más de 3.500 trabajadores directos.

En su inmensa mayor?a son servicios deficitarios que atienden multitud de tráficos rurales que conectan localidades de escasa población con las principales localidades de la Comunidad, o bien transportes metropolitanos o periurbanos. En definitiva, se trata de servicios públicos esenciales en el que el principal objetivo es garantizar la movilidad de los ciudadanos en condiciones de igualdad en todo el territorio de Castilla y León.

Un servicio público quebrado por la crisis sanitaria

Con gran esfuerzo presupuestario se ha logrado mantener el sistema concesional titularidad de la Junta de Castilla y León, y con ello se ha logrado preservar el tejido empresarial del sector del transporte en situaciones de normalidad, que sin embargo la crisis sanitaria y econ?mica derivada del COVID-19 ha quebrado, amenazando de manera grave las concesiones de transporte regular de uso general y con ello el entramado empresarial y social a ellas vinculadas.

En el período de marzo, abril y mayo, la limitaci?n de la movilidad y la declaraci?n del estado de alarma han producido en Castilla y León una ca?da de la demanda de viajeros en el transporte público superior al 90%, a lo que hay que a?adir el coste adicional producido por las necesarias limitaciones en la ocupación de los vehículos y las medidas de distanciamiento social impuestas por la autoridad sanitaria.

Todas estas medidas adoptadas por la Administraci?n sobre reducci?n de servicios, junto con las restricciones a la circulaci?n de personas impuesta por la declaraci?n del estado de alarma, tienen como consecuencia directa una minoraci?n sustancial de los usuarios y una reducci?n dr?stica de los ingresos de las concesiones de transporte en un 95%, quedando afectado sustancialmente su equilibrio económico financiero.

Nos encontramos ante servicios de transporte que se deben continuar prestando en atenci?n al inter?s general y cuyo objetivo es garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios b?sicos, pero respecto de los que ha desaparecido cualquier posibilidad razonable de explotación comercial, siendo absolutamente deficitarios, en tanto que los ingresos procedentes de su explotación son insuficientes, no ya para obtener un razonable beneficio empresarial, sino siquiera para sufragar los costes fijos de explotación.

Un servicio público esencial en Castilla y León

La Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, declara como servicio público esencial al transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano, as? como al transporte rural y metropolitano. Y de acuerdo con ello, las Administraciones P?blicas han de velar por asegurar la adecuada sostenibilidad económico- financiera de dichos servicios.

Por todo lo expuesto, para asegurar la adecuada sostenibilidad económico-financiera de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera y teniendo en cuenta además la situación excepcional descrita de p?rdida de ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, procede compensar su d?ficit de explotación.

En concreto, se estima que el d?ficit de explotación ordinario de los servicios de transporte previsto para el ejercicio de 2020 ascienda a 12.900.000 euros. A este importe hay que a?adir un cantidad adicional que asciende a 4.185.027,74 euros para compensar la excepcional p?rdida de ingresos sufrida en la explotación de los servicios deficitarios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera desde el 12 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor de la Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones en relaci?n con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Todo ello arroja un importe total de 17.085.027,74 euros, cantidad en la que se fija el gasto para la concesi?n de subvenciones destinadas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera para el año 2020

Ahora bien, muy previsiblemente las medidas de limitaci?n de ocupación y distanciamiento social en el transporte público y la reducci?n de la demanda que se producir? a lo largo de los meses siguientes, según la crisis de COVID-19 vaya evolucionando, provocar?n un mayor d?ficit que el estimado hasta la fecha, lo que exigir? tramitar en su momento una petici?n para ampliar este gasto inicial.

*El desglose por provincias se adjunta en un anexo

La Junta pide al Gobierno fondos adicionales para apoyar el transporte de viajeros, cuya demanda ha ca?do al 90%

En el periodo de marzo y abril, la limitaci?n de la movilidad y la declaraci?n del estado de alarma han producido en Castilla y León una ca?da de la demanda de viajeros en el transporte público superior al 90%. Las estimaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente llevan a considerar que en lo que resta del año 2020 no se alcancen en nuestro territorio niveles demanda superiores al 60%, a lo que hay que a?adir el coste adicional producido por las necesarias limitaciones en la ocupación de los vehículos y las medidas de distanciamiento social impuestas por la autoridad sanitaria.

La Junta de Castilla y León espera que el esfuerzo económico realizado se vea acompa?ado por f?rmulas extraordinarias de financiaci?n a las Comunidades Autónomas (CCAA) desde el Gobierno de Españaña, que debe de tener en cuento no s?lo las ciudades, el transporte urbano y el metro, sino especialmente las necesidades del medio rural. As? se considera urgente poner a disposición de las CCAA fondos adicionales espec?ficos para hacer frente al impacto económico derivado del COVID-19, pues está en juego el sistema concesional español, el tejido empresarial y social del transporte de viajeros en autobús y, con ello, todo el modelo de movilidad en transporte público existente en la actualidad y que tanto esfuerzo ha costado obtener.

Dichos fondos adicionales que deben dirigirse de manera urgente a paliar, en primer lugar, la dif?cil situación de liquidez en que se van a encontrar de manera inmediata los operadores del transporte metropolitano o periurbano en cuanto se produzca el inicio del retorno gradual a la actividad econ?mica. Por ello, la importancia de concretar, por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, f?rmulas precisas de financiaci?n al transporte metropolitano, cualquiera que sea la estructura administrativa o configuraci?n jur?dica de dicho transporte. Financiaci?n adicional que debe alcanzar a todo el transporte metropolitano, aunque presente otras estructuras diferentes a la consorcial, ya sean planes coordinados de transporte, convenios interadministrativos u otras f?rmulas espec?ficas de organizaci?n territorial.

La importancia del transporte a la demanda en el medio rural

Dichos fondos deben contemplar la ruralidad de los distintos territorios y la esencialidad del transporte rural y, de modo fundamental, modelos de gesti?n como el transporte a la demanda que permiten la conexi?n de los n?cleos de población con los centros sanitarios y demás servicios esenciales que ser?n determinantes en la desescalada como ?centinelas sanitarios? de una población envejecida y, por ello, con unos menores niveles de motorizaci?n privada.

En definitiva, la pandemia no puede romper el modelo de movilidad que con grandes esfuerzos se ha implantado en Castilla y León, ni debe servir para acabar con el consenso alcanzado entre todos -hace unos meses durante la Cumbre del Clima- sobre el futuro de la movilidad que queremos para nuestros territorios: una movilidad basada en el transporte público y en el sistema concesional español como garante de la igualdad de oportunidades entre los territorios y entre el mundo urbano y el rural.

- Publicidad -
- Advertisment -

Lo más leído

- Advertisment -
- Advertisment -