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domingo, mayo 29, 2022

Castilla y León rechaza que el Gobierno vac?e las políticas de empleo tras recortar financiaci?n a las comunidades aut?nomas

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Redacción.-

La Consejería de Empleo e Industria de Castilla y León manifiesta su rotundo rechazo a la nueva medida en materia laboral aprobada por el Ejecutivo central a trav?s del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que conlleva una reducci?n sustancial de los fondos que reciben las comunidades aut?nomas para desarrollar sus políticas de empleo.

En concreto, ante el impacto económico de la crisis originada por el COVID-19, la normativa estatal permite que una parte de los ingresos procedente de las cotizaciones de formación que pagan empresas y trabajadores pueda dedicarse a sufragar prestaciones, a costa de recortar esta financiaci?n a las autonom?as. Y ello pese a que los asalariados ya cotizan cada mes para la protecci?n frente al desempleo, por lo que con esta medida se está duplicando su aportaci?n para el mismo fin.

La ministra de Trabajo y Econom?a Social, Yolanda D?az, hizo ayer efectiva la aplicaci?n del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, durante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada por videoconferencia, en la que particip? el consejero de Empleo e Industria, Germ?n Barrios. En el transcurso de la reunión se aprob?, con el voto en contra de Castilla y León, la distribuci?n entre las autonom?as de los fondos previstos en el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE).

El Ministerio asign? a esta Comunidad un total de 63,5 millones de euros para políticas de empleo, que podr?n elevarse hasta los 71,2 millones a lo largo de 2020. Esta Última cantidad representa algo menos del 50 % del presupuesto del PAPE que le corresponder?a a Castilla y León, según las estimaciones realizadas por la Consejería de Empleo e Industria, sin que el departamento que dirige D?az haya concretado a cu?nto ascender?a el total de las transferencias que deber?a recibir la Junta este año.

Durante la conferencia sectorial, el titular de Empleo en Castilla y León manifestá lo siguiente:

Primero. Que rechaza la Última decisi?n adoptada por el Gobierno de Españaña, puesto que implica detraer recursos de las políticas de empleo que gestionan las comunidades aut?nomas y, por lo tanto, vaciarlas de contenido y menospreciar su aportaci?n a la dinamizaci?n del mercado laboral.

Segundo. Si bien la Junta defiende que para paliar el impacto de esta crisis originada por el COVID-19 es necesario garantizar la cobertura de las personas que carecen de renta, tambi?n lo es, indudablemente, asegurar la reactivaci?n de la econom?a y el mantenimiento del empleo. Y para ello es imprescindible contar con una dotaci?n suficiente para ejecutar las medidas de empleo que impulsan las comunidades.

Tercero. Es preciso flexibilizar los criterios para reorientar los fondos hacia las políticas de empleo más necesarias en el contexto actual, es decir, excepcionar el car?cter finalista de las transferencias estatales. El Gobierno auton?mico considera prioritario gestionar los recursos atendiendo a las necesidades espec?ficas de Castilla y León y reforzar las medidas para el mantenimiento y fomento del empleo, como los incentivos a la contrataci?n, las compensaciones a trabajadores afectados por Expedientes de Regulaci?n Temporal de Empleo o las l?neas de ayuda a los autónomos, entre otros.

Cuarto. La Consejería de Empleo e Industria lamenta que desde la declaraci?n del estado de alarma el Ministerio de Trabajo y Econom?a Social haya adoptado un conjunto de medidas que afectan a las relaciones laborales sin atender los criterios de las comunidades aut?nomas, pese a que en el ejercicio de sus competencias como autoridad laboral deben aplicar la normativa dictada por el Gobierno. La Última disposición contendida en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo supone romper con los principios de coordinaci?n, cooperaci?n y corresponsabilidad de las autonom?as. Pese a todo, la Junta se compromete a continuar colaborando con lealtad institucional en el desarrollo de todas las iniciativas impulsadas para mitigar las consecuencias de esta crisis sobre la actividad productiva y el empleo.

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