Sentencia completa del asesinato en Medina del Campo

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Redacción.-

Esta sala ha visto el recurso de casación n.o 10467/2019, interpuesto
por infracción de precepto constitucional, quebrantamiento de forma e
infracción de ley, por Don Miguel Ángel L.G., representado por la procuradora
Doña Esperanza Azpeitia Calvín y bajo la dirección letrada de Don Luis Julio
Cano Herrera, contra la sentencia n.o 34/2019 de 18 de junio, dictada por la
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, en el
rollo de apelación del Jurado número 3/2019, por la que se desestimó el
recurso de apelación interpuesto por el hoy recurrente, y se estimó el
formulado por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia de fecha 15 de marzo de
2019, dictada por el Tribunal del Jurado constituido en la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial de Valladolid, en el procedimiento del Tribunal del Jurado
n.o 7/2018, que le condenó como autor responsable del delito de asesinato. Es
parte el Ministerio Fiscal y, como recurridos la acusación particular Don A. y
Dña. A.I., representados por el Procurador Don David Vaquero Gallego y bajo
la dirección letrada de Don Luis Villarrubia Mediavilla.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.a Carmen Lamela Díaz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Juzgado de Instrucción número 1 de Medina del Campo,
instruyó el procedimiento del Tribunal del Jurado 7/2018, por delito de
asesinato, contra el acusado Don Miguel Ángel L.G., interviniendo como

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acusación particular Doña A.I. y Don A., y, abierto el juicio oral, lo remitió a la
Audiencia Provincial de Valladolid, Sección Cuarta, en la que vista la causa por
el Tribunal del Jurado, en el rollo número 7/18, dictó sentencia condenatoria en
fecha 15 de marzo de 2018, que contiene los siguientes hechos probados:

<<Son hechos probados y así expresamente se declaran los, que como tales se-
tuvieron en el Veredicto emitido por el Jurado, que son los siguientes:

1.- El acusado, MIGUEL ÁNGEL L.G., nacido el día 21 de marzo de 1973, sin
antecedentes penales, y M.P., contrajeron matrimonio en el año 2000, teniendo un hijo en
común de 11 años de edad, que presenta un trastorno de espectro autista.
2.- El día 5 de diciembre de 2017 M.P. envió a Miguel Ángel una carta en la que
le comunicaba su deseo de romper su relación matrimonial, habiendo iniciado desde entonces
una terapia de pareja.
3.- El, acusado desde ese día se mostró muy inquieto y alterado, preocupado
porque se produjera la ruptura de su relación matrimonial con su esposa, ruptura que él no
aceptaba, mostrándose lloroso y deprimido.
6.- El día 27 de diciembre de 2017, sobre las. 21,15 horas, M.P. acompañada por
J.M., decidió ir a recoger a su hijo al domicilio de sus suegros en la calle … de Medina del
Campo.
7.- Al llamar M.P. al telefonillo de la casa solicitando que bajara su hijo, la madre
de Miguel Ángel habló con su hijo y éste le dijo que no le entregara al niño hasta que él
llegara.
8.- M.P. y J.M. se quedaron cerca del portal, estando en las inmediaciones M.L.,
padre de Miguel Ángel, hasta que éste llegó, comenzando a hablar M.P. y Miguel Ángel de la
ruptura de la relación matrimonial.
9.- Miguel Ángel les dijo a M.P. y J.M. que, para no hablar de esos temas allí,
subieran a la casa de sus padres, con el fin de hablar de los pormenores de la ruptura
matrimonial.
10.- Nada más entrar por la puerta de la casa, la madre del acusado, M.C., la
llamó «puta» y «zorra» a M.P.

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11.- Miguel Ángel, M.P., J.M., así como los padres de Miguel Ángel, M.L. y M.C.,
entraron en la cocina.
12.- Iniciaron una conversación Miguel Ángel y M.P. sobre las condiciones del
divorcio; y comenzaron a acalorarse al tratar sobre él tema de la custodia del hijo.
13.- En el curso de esa discusión también intervenía el acompañante de M.P.,
J.M.G.G., el cuál decía que el niño tenía que irse esa misma noche con su madre, que la
custodia del hijo tenía que ser para la madre, aunque los allí presentes le decían que dejara a
los padres que tomaran las decisiones.
14 bis.- En un momento dado, sin perjuicio de que la luz estuviera apagada o
encendida, el acusado MIGUEL ÁNGEL L.G. cogió un cuchillo de la cocina de hoja
monocortante de al menos 15 centímetros de hoja y entre 3,5 y 4,5 centímetros de ancho.
15.- El acusado estaba ofuscado por la situación de ruptura de su relación
matrimonial con las consecuencias que ello podía tener en relación con su hijo, tras varios días
de estrés, molesto porque su mujer hubiera iniciado una nueva-relación de pareja, y que éste,
J.M., estuviera allí presente en esos momentos, lo que le llevó a perder el control de lo que
hacía.
16.- El acusado se abalanzó sobre J.M. portando en su mano el cuchillo,
clavándole el mismo en el hipocondrio izquierdo, a 5 centímetros del ombligo, causándole una
herida de 5 centímetros eviscerada, que generó un hemoperitoneo de 3 litros, con 3,
perforaciones en intestino delgado, perforación del mesocolon trasverso, lesión de cabeza de
páncreas, alcanzando el hepático con afectación de la rama derecha de la vena porta.
17.- El ataque de Miguel Ángel a J.M. fue tan rápido y súbito que éste no tuvo
ninguna posibilidad de defenderse del apuñalamiento.
18.- El padre del acusado, M.L., se acercó al lugar donde se producía el incidente
para apartar a su hijo.
19.- M.P. oyó a J.M. gritar que le estaban apuñalando, y ella dijo «No, Miguel, no»,
acercándose a ayudar a J.M., si bien alguien le dio un empujón.
21.- M.P. y J.M. bajaron andando, los cuatro pisos, y se dirigieron al Bar … sito en
la calle …, donde sobré las 22,40 horas fue asistido por, un cliente del establecimiento llamado
M., el cual llamó al 112 para recibir instrucciones para taponar la herida.

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22.- Al poco tiempo hicieron acto de presencia varias dotaciones de la policía,
procediendo a la detención del acusado en las inmediaciones del bar, manifestándoles «no sé
lo que he hecho», y teniendo las manos ensangrentadas.
23.- Cuando la policía subió al domicilio de los padres de MIGUEL ÁNGEL, se
encontraron con que la madre del acusado había limpiado todo.
24.- Alguien llamó al 112, que también hizo acto de presencia, el cual trasladó al
lesionado al Hospital Comarcal dé Medina del Campo sobre las 23,15 horas, donde fue
intervenido de urgencia, falleciendo en la mesa del quirófano sobre las 1,44 horas del día 28-
12-2017 por shock hemorrágico derivado de la herida de arma blanca ya descrita.
25.- El fallecido J.M., de 26 años de edad, nacido el día 02-11-1991, convivía con
sus padres A. y A.I., y con sus hermanos N. de 20 años de edad y O. de 28 años de edad, y
ayudaba económicamente a la familia.
26.- El padre del fallecido, A., actualmente está de baja laboral por depresión;
como consecuencia de la muerte violenta de su hijo.
27.- El acusado era consumidor habitual de marihuana, y ocasional de cocaína,
habiendo dejado dé consumir cocaína y habiendo reducido el consumo de marihuana desde
que había surgido el conflicto matrimonial, y como consecuencia de la abstinencia a tales
drogas, tenía mayor irritabilidad y dificultad para controlar la ira, si bien ello no le afectaba a su
capacidad intelectiva o volitiva el día de los hechos.
28.- El SACYL ha facturado 353,35 C por los gastos de la asistencia prestada al
fallecido.>>(sic)

SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
<< Que debo condenar y condeno al acusado MIGUEL ÁNGEL L.G. como autor
responsable del delito de asesinato por el que’ venía acusado del artículo 139 del’ Código
Penal, concurriendo las atenuantes de arrebato y de obcecación, y la de haber confesado la
infracción a las autoridades, a la pena de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, con su accesoria de
inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
Se le condena igualmente al pago de las costas procesales causadas, incluidas las de
la acusación particular.

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Se le condena al acusado: a que indemnice a Doña, A.I. y Don A., padres del
fallecido, a cada uno de ellos, en la cantidad de 90.000 €.
Tales cantidades devengarán el interés prevenido en el art. 576 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la presente sentencia.
El tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente por el acusado, habrá dé
serle abonado para el cumplimiento de las penas impuestas en esta causa. (art. 58.1 del
Código. Penal>>

TERCERO.- Contra la anterior sentencia, se interpuso en tiempo y forma
recurso de apelación por la representación procesal de Don Miguel Ángel L.G.,

ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
León, dictándose por esa Sala sentencia el 18 de junio de 2019, en el Rollo de

Apelación del Tribunal del Jurado no 3/2019, cuyo Fallo es el siguiente:
<< Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por DON MIGUEL ÁNGEL
L.G. y estimando, por el contrario, el interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, al que se
adherido DOÑA A.I. contra la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado constituido en la
Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 4a), en fecha 15 de Marzo de 2.019, en el
procedimiento de que dimana el presente Rollo, debemos confirmar y confirmamos la misma,
salvo en lo que respecta a la apreciación de la atenuante de confesión, que se suprime,
y en lo relativo a la pena de prisión que se impone al acusado que pasará a ser la de
QUINCE AÑOS, sin hacer imposición de las costas de la presente apelación .>>

CUARTO.- Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas,
se preparó recurso de casación por infracción de Ley, de precepto
constitucional y quebrantamiento de forma, por el acusado, que se tuvo por
anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las
certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el
correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

QUINTO.- La representación procesal del recurrente, basa su recurso de
casación en los siguientes motivos:

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Primero.- Infracción de precepto constitucional. Se interpone este recurso al
amparo del art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del art.
24 de la Constitución Española.
Segundo.- Por infracción de ley. Al amparo del número primero del art. 849 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tercero.- Por infracción de Ley al amparo del número segundo del art. 849 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Cuarto.- Por infracción de Ley. Al amparo del número segundo del art. 849 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Quinto.- Por quebrantamiento de forma. Al amparo del artículo 851.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.

SEXTO.- Instruidas las partes, el Ministerio Fiscal y las partes recurridas,
solicitan la inadmisión de todos los motivos, impugnándolos subsidiariamente;
la Sala lo admitió, quedando conclusos los autos para el señalamiento del fallo
cuando por turno correspondiera.

SÉPTIMO.- Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró deliberación
y votación el día 19 de noviembre de 2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1. El recurrente, Don Miguel Ángel L.G., ha sido condenado en
sentencia confirmada en apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla León, como autor de un delito de asesinato,

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concurriendo la atenuante de arrebato y de obcecación, a la pena de quince
años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo
de la condena, y al pago de las costas procesales. Igualmente ha sido
condenado a indemnizar a Doña A.I. y a Don A. en la cantidad de 90.000
euros, a cada uno, con el interés previsto en el artículo 576 de La Ley de
Enjuiciamiento Civil.
El recurso se dirige contra la sentencia núm. 34 /2019, de 18 de junio, dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, en el Rollo de Apelación
de la Ley del Jurado 3/2019, por la que se desestimó el recurso de apelación
interpuesto por el recurrente y se estimó el formulado por el Ministerio Fiscal
contra la Sentencia dictada en fecha 15 de marzo de 2019 por el Tribunal del
Jurado constituido en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de
Valladolid, en el procedimiento de Tribunal del Jurado núm. 7/2018, dimanante
de la causa de Tribunal del Jurado instruida por el Juzgado de Instrucción
núm. 1 de Medina del Campo.
Cinco son los motivos del recurso: infracción del artículo 24 de la Constitución
Española, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
infracción del Ley del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por
indebida aplicación del artículo 22.1 del Código Penal; infracción de Ley, al
amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; infracción de
Ley, al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y
quebrantamiento de forma, al amparo del artículo 851.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO.- El primer motivo se formula por infracción de Ley, al amparo del
art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del artículo 24 de
la Constitución Española.
Señala el recurrente que ni el Ministerio Fiscal ni la Acusación Particular, al
recurrir la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, pidieron pena alguna
diferente a la impuesta por la sentencia. Se limitaron a solicitar que no se
apreciara una de las atenuantes. Añade que la pena inicialmente impuesta en

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la sentencia de primera instancia atendía a la existencia de dos circunstancias
atenuantes; pero, siendo una de ellas muy cualificada, cabría la misma pena
solo con la existencia de esa circunstancia muy cualificada, atenuante de
arrebato u obcecación, que no ha sido impugnada.
Examinando las sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado constituido en
la Audiencia Provincial de Valladolid y la dictada en apelación por el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla León, se comprueba cómo se razona de forma
clara en los fundamentos de derecho cuarto y quinto de la primera de ellas,
que en la instancia fueron apreciadas dos atenuantes simples, la atenuante de
arrebato y de obcecación del artículo 21.3 del Código Penal y la atenuante del
artículo 21.4 del Código Penal de confesión de la infracción a la policía.
Igualmente en el Fallo de la misma sentencia se expresa que concurren las
atenuantes de arrebato y de obcecación y la de haber confesado la infracción
a las autoridades. Al concurrir dos atenuantes, tal y como nuevamente se
razona en el fundamento de derecho sexto, se aplicó la regla contenida en el
artículo 66.1.2a del Código Penal, lo que motivó la imposición de la pena
inferior en grado a la señalada en el artículo 139 del Código Penal para el
delito de asesinato.
Sin embargo, al recurrir en apelación las acusaciones, según consta en el
antecedente de hecho tercero de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia,
el Ministerio Fiscal interesó la exclusión de la atenuante de confesión, “con
supresión de la disminución punitiva correspondiente (pena inferior en grado)”.
Consecuentemente con ello, el Tribunal Superior de Justicia, al estimar la
pretensión de las acusaciones, excluyó la circunstancia atenuante de
confesión, conforme se razona en el fundamento de derecho tercero de su
sentencia, con las consecuencias penológicas correspondientes. En
consonancia con ello elevó la pena impuesta al recurrente por delito de
asesinato, por aplicación de lo dispuesto en la regla 1a del artículo 66.1 del
Código Penal, imponiendo la pena en su extensión mínima de quince años.
Procede en consecuencia la desestimación del motivo.

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TERCERO.- El segundo motivo del recurso se articula por infracción de Ley al
amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al estimar el
recurrente que ha sido aplicada indebidamente la circunstancia agravante de
alevosía que ha llevado a calificar los hechos como asesinato y no como
homicidio.
Expone el recurrente que no plantea en este motivo si es o no compatible el
arrebato con la alevosía. Considera que la forma de ocurrir los hechos, rápida
y sorpresiva, no fue originada por una actuación tendente a asegurar el
resultado, sino que fue tan sorpresiva para el atacante como para el atacado y
no buscaba nada, simplemente no pudo evitarla. Aduce que no resulta
compatible que perdiese el control de lo que hacía y que organizara todo para
que la víctima no pudiera defenderse.
1. El motivo por infracción de Ley del artículo. 849.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal es la vía adecuada para discutir ante este Tribunal si
el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley. Pero siempre
partiendo del relato fáctico que contiene la sentencia, sin alterar, suprimir o
añadir los hechos declarados probados por el Tribunal de instancia.
Señala la sentencia 628/2017, de 21 de septiembre, que este precepto, que
autoriza la denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal
de carácter sustantivo, impone como presupuesto metodológico la aceptación
del hecho probado, hasta el punto que el razonamiento mediante el que se
expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido
apartándose del juicio histórico. De lo contrario, se incurre en la causa de
inadmisión —ahora desestimación— de los arts. 884.3 y 4 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
En análogos términos se pronuncia la sentencia de esta Sala 842/2014, de 10
de diciembre, que, con referencia a otras sentencias (SSTS 8/3/2006,
20/7/2005, 25/2/2003, 22/10/2002; ATC 8-11-2007), señala que el motivo
formulado al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es el
camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si el Tribunal de
instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los preceptos aplicados

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son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo fueran
igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente, pero
siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin
añadir otros nuevos, ni prescindir de los existentes. De tal manera, que la falta
de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas
contrarias o incongruentes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, -y
correspondientemente su desestimación-conforme lo previsto en el art. 884. 3
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. Teniendo en cuenta la anterior doctrina, debemos atenernos al relato fáctico
de la sentencia impugnada, y más en concreto, en lo que ahora interesa, en
los hechos 14 bis a 17, que son del siguiente tenor:
“14 bis.- En un momento dado, sin perjuicio de que la luz estuviera apagada o
encendida, el acusado Miguel Ángel L.G. cogió un cuchillo de la cocina de hoja
monocortante de al menos 15 centímetros de hoja y entre 3,5 y 4,5
centímetros de ancho.
15.- El acusado estaba ofuscado por la situación de ruptura de su relación
matrimonial con las consecuencias que ello podía tener en relación con su hijo,
tras varios días de estrés, molesto porque su mujer hubiera iniciado una nueva
relación de pareja, y que éste, J.M., estuviera allí presente en esos momentos,
lo que le llevó a perder el control de lo que hacía.
16.- El acusado se abalanzó sobre J.M. portando en su mano el cuchillo,
clavándole el mismo en el hipocondrio izquierdo, a 5 centímetros del ombligo,
causándole una herida de 5 centímetros eviscerada, que generó un
hemoperitoneo de 3 litros, con 3 perforaciones en intestino delgado,
perforación del mesocolon trasverso, lesión de cabeza de páncreas,
alcanzando el hilio hepático con afectación de la rama derecha de la vena
porta.
17.- El ataque de Miguel Ángel a J.M. fue tan rápido y súbito que éste no
tuvo ninguna posibilidad de defenderse del apuñalamiento.”

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Efectivamente, tal y como sostiene el recurrente, el Tribunal del Jurado ha
considerado acreditado que determinadas circunstancias llevaron al acusado a
perder el control de lo que hacía. Sobre esta base ha sido construida la
atenuante simple de arrebato u obcecación. Pero ello, sin más, no puede llevar
a la conclusión de que el acusado no era consciente de la utilización
sorpresiva del cuchillo sobre la víctima. No es eso lo que expresan los hechos
probados y tampoco es consecuencia necesaria del estado de arrebato u
obcecación del acusado. De hecho esta situación le ha merecido la aplicación
de una circunstancia atenuante como consecuencia de la alteración en su
estado de ánimo que ha producido una disminución de su imputabilidad, no
obstante lo cual su conciencia y voluntad no se han visto anuladas, situación
que habría dado lugar a la apreciación de un trastorno mental transitorio. Por
ello el acusado pudo conocer el alcance del medio empleado para el ataque
(un cuchillo de cocina con una hoja de 15 centímetros, al menos) que buscó de
propósito para atacar a la víctima abalanzándose sobre ella de forma rápida y
súbita, eliminando con ello cualquier posibilidad de defensa por parte de ésta,
tal y como ha declarado probado por Tribunal del Jurado.
Así las cosas, el motivo no puede acogerse.

CUARTO.- El tercer y cuarto motivos del recurso se formulan por infracción de
Ley al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
A través de los dos motivos lo que hace nuevamente el recurrente es mostrar
su discrepancia con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de estimar el
recurso de apelación formulado por el Ministerio Fiscal y excluir la
concurrencia de la atenuante de confesión apreciada inicialmente en la
sentencia dictada por la Audiencia Provincial.
1. En relación al motivo de casación por error en la apreciación de la prueba
esta Sala (sentencias núm. 936/2006, de 10 de octubre, 778/2007, de 9 de
octubre y 424/2018, de 26 de septiembre), viene exigiendo para su
prosperabilidad la concurrencia de los siguientes elementos: 1) Ha de
fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las

Recurso No: 10467/2019 12
pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; 2) Ha de
evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia
de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es
decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a
conjeturas o complejas argumentaciones; 3) Que el dato que el documento
acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba,
pues en esos casos no se trata de un problema de error sino de valoración, la
cual corresponde al Tribunal, artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal;
4) Que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante
en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del
fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo
no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el
recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho
que no tienen aptitud para modificarlo.
Por tanto —se dice en las STS 765/2001, de 19 de julio— el motivo de
casación alegado no permite una nueva valoración de la prueba documental
en su conjunto sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de
hechos probados para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió
erróneamente declarar probado, cuando su existencia resulta incuestionable
del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato
unos hechos que el Tribunal declaró probados erróneamente, ya que su
inexistencia resulta de la misma forma incuestionable del particular del
documento que el recurrente designa. Además, como se ha dicho, es preciso
que sobre el particular cuestionado no existan otros elementos de prueba, ya
que en esos casos, lo que estaría bajo discusión, sería la racionalidad del
proceso valorativo por la vía de la presunción de inocencia en caso de
sentencias condenatorias o de la interdicción de la arbitrariedad, en todo caso,
aunque sus efectos de su estimación fueran distintos el referido vicio de error
en la valoración probatoria presupone la autarquía demostrativa del
documento que ha de serlo desde dos planos: 1o) El propiamente autárquico,
lo que se ha venido denominando como literosuficiente, es decir que no
precise de la adición de otras pruebas para evidenciar el error; y 2o) que no
resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa,

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como, siguiendo lo expresamente establecido en el precepto, viene también
señalando una reiterada doctrina jurisprudencial» (STS 310/2017, de 3 de
mayo).
2. En el caso de autos, el recurrente no ha hecho mención de documento
alguno que conduzca de forma inequívoca a la conclusión de que el Tribunal
haya valorado erróneamente la prueba. El único documento que el recurrente
considera determinante del error en la apreciación de la prueba es el acta del
juicio oral en la que se recogen las declaraciones prestadas por el funcionario
de policía que procedió a la detención del acusado. Sin embargo, no se trata
de un verdadero documento a efectos casacionales que pueda sustentar el
motivo del recurso que examinamos. Simplemente constituye la
documentación de la prueba testifical practicada en el juicio oral sobre la que
el recurrente realiza una valoración distinta de la obtenida por el Tribunal.
Por ello, el cauce del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
elegido por el recurrente, es erróneo dado que, como hemos expresado, este
motivo exige como primer requisito que el error surja de forma incontestable
del particular de un documento.
No estamos ante un supuesto en el que en base a un documento o
documentos se deban excluir del relato fáctico unos hechos que erróneamente
se han declarado probados.
Como decimos en la sentencia núm. 1205/2011, de 15 de noviembre, este
motivo de casación no permite una nueva valoración de la prueba en su
conjunto ni hace acogible otra argumentación sobre la misma que pueda
conducir a conclusiones distintas de las reflejadas en el relato fáctico de la
sentencia, que es lo que pretende el recurrente.
En todo caso, y en contra de la apreciación realizada por el recurrente, el
Tribunal Superior de Justicia parte del hecho 22 del objeto del veredicto que ha
sido acogido por el Tribunal del Jurado. En el mismo lo que se hace constar es
que “Al poco tiempo hicieron acto de presencia varias dotaciones de la policía,
procediendo a la detención del acusado en las inmediaciones del bar,
manifestándoles `no sé lo que he hecho ́, y teniendo las manos

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ensangrentadas.” De forma coherente con el hecho declarado probado, el
Tribunal Superior de Justicia ha estimado que el acusado, en realidad, no
confesó su participación en el hecho. Y si bien el Magistrado Presidente del
Tribunal del Jurado parte también del hecho 22, omite que la frase «no sé lo
que he hecho» fue proferida por el acusado después de su detención.
La citada expresión “no sé lo que hecho”, desprovista de cualquier otro tipo de
colaboración por el acusado, no determina sin más la aplicación de la
atenuante pretendida. Además, del hecho que se declara probado, no se
infiere una cooperación eficaz, seria y relevante del Sr. L.G. aportando a la
investigación datos especialmente significativos para esclarecer lo sucedido.
Se trataría en todo caso de un reconocimiento tardío, ya que el Sr. L. estaba
totalmente identificado, existían testigos de los hechos y a la llegada de la
policía el acusado presentaba las manos ensangrentadas.
En definitiva, debe concluirse estimando, como así lo ha hecho el Tribunal
Superior de Justicia, que la conducta del acusado carece de entidad para
considerar que su actuación se tratase de una cooperación verdaderamente
eficaz.
Los motivos deben por tanto ser rechazados.

QUINTO.- El quinto y último motivo del recurso se formula al amparo del
artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por manifiesta
contradicción entre los hechos declarados probados en la sentencia de
instancia y los sostenidos con carácter nuevo por la sentencia de apelación, en
concreto, la negación de los hechos y la falta de colaboración.
Estima el recurrente que si el Tribunal Superior de Justicia estimó que existía
una contradicción entre la sentencia, o la interpretación que hace de lo que
dice el jurado, y lo realmente sostenido por el jurado, debería haberle llevado,
aplicando el artículo 846 bis f) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a declarar
la nulidad del juicio y devolver la causa al Tribunal del Jurado para su
celebración de nuevo, lo que no se ha hecho.

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También considera un exceso que el Tribunal, sin presenciar los hechos,
añada apreciaciones no recogidas por el Jurado. Solicita, en base a ello, que
en casación se declare la nulidad del juicio y se acuerde su nueva celebración.
1. Reiterada doctrina de esta Sala, expresada en la sentencia núm. 421/2018,
de 26 de septiembre, con referencia expresa a la sentencia núm. 307/2016 de
13 de abril, sobre el vicio procesal a que se refiere el artículo 851.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, señala “… que la sentencia debe anularse,
prosperando por lo tanto este motivo, cuando se aprecie en el relato fáctico
una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible, o difícilmente
inteligible, bien por una omisión total de la descripción fáctica, bien por
omisiones parciales que impidan su comprensión, bien por el empleo de frases
ininteligibles o dubitativas que imposibiliten saber lo que el Tribunal declara
efectivamente probado, o bien por contener la sentencia un relato de hechos
construido de tal forma que genere dudas acerca de si el Tribunal los está
declarando probados o no; siendo necesario además que los apuntados
defectos no permitan calificar jurídicamente los hechos .
Consecuentemente, el vicio alegado, debe deducirse directamente del
apartado fáctico y se desenvuelve en el ámbito de lo gramatical e inteligible, de
forma que no cabe enfrentarlo a la propia valoración de la parte sobre los
hechos que debieron declararse probados…
… De igual manera, la falta de claridad no se integra por las meras omisiones
de datos fácticos en el relato de hechos probados, ya que, como la
contradicción, es vicio puramente interno del mismo que solo surge por
omisiones sintácticas o vacíos de comprensibilidad que impiden conocer qué
es lo que el Tribunal consideró o no probado.”
2. La queja del recurrente nada tiene que ver con el motivo a través del cual
ésta es articulada. Ambas sentencias, la dictada por el Magistrado Presidente
del Tribunal del Jurado y la dictada por el Tribunal Superior de Justicia parten
del hecho probado número 22. Y desde luego no existe ni tampoco es
denunciada oscuridad interna del relato de hechos probados que impida su
comprensión. Por el contrario, la simple lectura del apartado de hechos

Recurso No: 10467/2019 16
probados basta para comprobar cómo su contenido resulta plenamente
inteligible. Tampoco nos encontramos ante omisión o laguna que provoquen
incomprensión en los hechos.
Igualmente el recurrente parte de un error en la formulación de su recurso
atribuyendo al Tribunal Superior de Justicia afirmaciones que no son suyas,
sino efectuadas por las acusaciones y que el Tribunal se limita a transcribir en
la primera parte del fundamento jurídico tercero de su sentencia, comprobando
que se ajustan a lo actuado y a lo expresado en la sentencia de instancia. A
continuación razona porqué considera que la queja de las acusaciones debe
ser encauzada a través del motivo previsto en el artículo 846 bis c) letra b) de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, propuesta como subsidiaria por las
acusaciones, y no en el contemplado en el artículo 846 bis c) letra a).
Consecuentemente con ello, la estimación del motivo no determinaría
declaración alguna de nulidad conforme a lo dispuesto en el artículo 846 bis f)
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Finalmente, en coherencia con ello, se analiza en la sentencia impugnada la
queja del Ministerio Fiscal, a la que se adhirió la Acusación Particular, y se
estima que la atenuante de confesión no debió ser apreciada por no concurrir
los requisitos que la doctrina de esta Sala viene exigiendo para su apreciación.
Ninguna infracción procedimental o quebrantamiento de forma es estimada,
por lo que en ningún caso procedería la declaración de nulidad interesada por
la defensa del Sr. L.G.
En consecuencia el motivo se desestima.

SEXTO.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas al
recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.

Recurso No: 10467/2019 17
F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le
confiere la Constitución, esta sala ha decidido
1o) Desestimar el recurso de casación interpuesto por la
representación de Don Miguel Ángel L.G., contra la sentencia n.o 34/2019,
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, en el Rollo de
Apelación de la Ley del Jurado 3/2019, por la que se desestimó el recurso de
apelación interpuesto por el recurrente y se estimó el formulado por el
Ministerio Fiscal contra la Sentencia dictada en fecha 15 de marzo de 2019 por
el Tribunal del Jurado constituido en la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Valladolid, en el procedimiento de Tribunal del Jurado núm.
7/2018.

2o) Imponer al recurrente al pago de las costas causadas en el
presente recurso.
3o) Comunícar esta resolución al Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, a los efectos legales, con devolución de la causa, interesando
acuse de recibo

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la
presente no cabe recurso e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.

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