La Guardia Civil investiga a un empresario por un delito contra los derechos de los trabajadores

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Redacción.-

 El SEPRONA “seguía la pista” de unos vertidos de fibrocemento
aparecidos en un contenedor municipal destinado a recogida de
escombros
 Se ha constatado que la empresa no estaba habilitada para el
trabajo con material compuesto de amianto (M.C.A.) y tampoco
siguió el protocolo de Prevención de Riesgos Laborales
 Adicionalmente se han levantado varias actas denuncia a Ley
de Residuos

La Guardia Civil ha investigado en Burgos a J.J.E.G. (43) como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y levantado varias actas denuncia a la empresa a la Ley de Residuos por depósito de escombros de residuos de materiales que
contienen amianto.
Los hechos venían siendo investigados desde el pasado mes de abril,
cuando el SEPRONA tuvo conocimiento del vertido de 52 tubos de bajantes
procedentes del desescombro de una obra, sospechosos de contener
fibrocemento. El material había sido arrojado en unos contenedores municipales que el
ayuntamiento de una localidad del Alfoz había dispuesto en el punto limpio para la recogida de escombros procedentes de pequeñas obras.
Las pesquisas llevadas a cabo durante estos meses han determinado que el
material fue trasladado en una furgoneta propiedad de una empresa, y
vertido en varios viajes en los contenedores municipales, por parte del
empresario y uno de los trabajadores.

La empresa fue inspeccionada y se recogieron muestras del material que ha
sido remitido al Laboratorio del SECRIM de la Guardia Civil.
Fruto de estas acciones se ha verificado que no se tomaron las medidas de
seguridad durante el traslado del material y su vertido, todo ello conforme al
protocolo de Prevención de Riesgos Laborales, ya que se encontraban
trabajando con Material Compuesto de Amianto (M.C.A.) careciendo de
equipos de protección individual o mascarillas.
La empresa no estaba inscrita en el Registro de empresas con Riesgo de
Amianto (R.E.R.A.) y por tanto no esta habilitada para este tipo de trabajos.
Como resultado el propietario de la empresa ha sido investigado como
presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y se han
levantado varias actas denuncia a la Ley de Residuos que serán dirigidas al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.