Redacción.-
Las empresas de inserci?n constituyen una herramienta esencial en la lucha contra la exclusión social. Su finalidad es posibilitar el acceso al mercado de trabajo de los colectivos más desfavorecidos, a los que ofrecen itinerarios para contribuir a resolver los obst?culos que encuentran para el normal desarrollo de sus funciones en un puesto laboral.
La regulaci?n de estas iniciativas empresariales en Castilla y León se rige por un decreto auton?mico del año 2007, donde se definen sus caracter?sticas y se crea el registro administrativo.
Conforme a esta normativa, estas empresas pueden adoptar la forma de cooperativa social o de sociedad mercantil promovida por entidades sin ?nimo de lucro, siempre que su participaci?n en el capital social sea superior al 50 %. Además, es preciso que al menos el 30 % de su plantilla está formada por trabajadores en situación o riesgo de exclusión social.
Atendiendo a los criterios fijados en la norma, existen 14 empresas de inserci?n inscritas en el registro auton?mico. De ellas, ocho son beneficiarias de una subvenci?n global de 237.549 euros, con la que podr?n sufragar una parte de los costes laborales y de las cotizaciones de los 13 técnicos de acompa?amiento que se integren en sus plantillas.
La cuant?a de la ayuda asciende a un m?ximo de 3.500 euros anuales por cada trabajador en exclusión o en riesgo de estarlo, que recibe asesoramiento de un especialista en integraci?n social a tiempo completo. Se estima que estos apoyos favorecer?n la empleabilidad de 149 personas vulnerables.
