Cirujanos para la Constitución
Mucho se habla y se dice de la Constitución Española de 1978 y de la desafección que sufre la misma por parte de un gran número de españoles.
El busilis de la cuestión está más que claro, ya que al dicho popular de que “lo mejor es siempre enemigo de lo bueno” se suma el hecho de que los españoles de menos de 57 años no votaron, por razones de edad, el el referendum que aprobó la misma. Es decir más de un sesenta por ciento de los ciudadanos de España no votaron la Constitución bajo cuyo amparo legal viven.
Que la Constitución de 1978 ha sido enormemente beneficiosa para España nadie puede ponerlo en duda al haber auspiciado la misma el mayor periodo de la historia patria sin convulsiones y dentro de un engranaje en el que todos, hasta hace poco, han tenido cabida.
Eso sí, la Constitución ha evidenciado lagunas importantes en algunos de sus artículos, bien porque los mismos se aprobaron en un momento complicado, bien porque la llamada clase política ha sido incapaz de complementar, mediante Leyes Orgánicas, con mayoría de dos tercios de las Cámaras, temas tan sencillos como la abdicación de un Rey, solventada con una Ley de decreto único; o la aplicación del traído y llevado artículo 155 que, polémico en su día, ha dejado al libre albedrío del gobierno de turno no sólo la suspensión de competencias de un gobierno autonómico, con razón, sino lo que es más grave: la disolución de un Parlamento regional, sustituyendo en tal hecho administrativo a la Soberanía Popular.
Ciertos rasgos de vetustez se siguen manteniendo en el articulado de la sucesión en la Jefatura del Estado, donde sigue prevaleciendo la rama masculina sobre la femenina. Algo insólito en unos tiempos en los que la igualdad de sexos debe primar.
Y capítulo aparte es el relativo a la organización del Estado Autonómico, beneficioso durante muchos años pero ahora obsoleto por cuestiones de mera nomenclatura – las Autonomías tienen en algunos casos más competencias que los Estados alemanes, por poner algún ejemplo – o de falta de acuerdo, sin necesidad de reformas constitucionales, para financiar las necesidades de las competencias transferidas a los entes regionales.
A pesar de la dificultad de los tiempos, la reforma de la Carta Magna se impone; pero habría que preguntarse hasta dónde puede y debe llegarse en tan delicada operación y quiénes van a ser los cirujanos de la clase política que van a intervenir en la misma antes de que los españoles voten y, quizás, no respalden en referendum no la reforma constitucional sino la dejación de funciones e incapacidad de diálogo de sus reformadores.
La Voz de Medina y Comarca

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