Cuerpos de Seguridad del Estado
Salvo para el delincuente, la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado es apreciada por la ciudadanía ya que su cometido no sólo se restringe a dar seguridad y protección a los ciudadanos sino también esclarecer los delitos cometidos y, cuando es posible, prevenir los mismos.
Dicho trabajo, no siempre reconocido, conlleva algunas veces para los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado determinados riesgos que, en cumplimiento del deber y la orden recibida, suponen un peligro para su propia integridad física.
Actualmente, gracias a los medios de comunicación, no son desconocidas las operaciones que realizan para desarticular células terroristas, detener a los autores de los atentados, a las bandas organizadas para delinquir, al asesino de turno y, por qué no decirlo, al maltratador.
Junto a estas labores, siempre aplaudidas por la ciudadanía, a veces hay otras que en los tiempos contemporáneos las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen que realizar en muchas ocasiones con críticas, especialmente cuando actúan sus agentes antidisturbios. Tal es el caso, durante estos días, con motivo de los acontecimientos que están teniendo lugar en Cataluña, de los que algunos parecen olvidar que las actuaciones de los Cuerpos de Seguridad están encaminadas a salvaguardar el orden constitucional y no precisamente por orden del Gobierno, que puede o no ser acertada, sino siguiendo las instrucciones dadas por los jueces, que es tanto como decir los máximos garantes de la legalidad vigente. Y es que son éstos quienes, en nombre del Poder Judicial y dando cumplimiento a las leyes aprobadas por el Parlamento, tienen la facultad de sancionar a quien se sale del camino de la legalidad o está a punto de hacerlo, evitando así la comisión de nuevos delitos.
Y los delitos siempre son delitos, como el delincuente siempre es delincuente, sin que existan categorías entre unos y otros salvo las que estipula la ley por la gravedad de los hechos cometidos que encuentra fiel reflejo en la tipificación de los delitos, a tenor de los cuales se imponen mayores o menores condenas.
Todo esto ha parecido olvidarse durante unos días en Cataluña al mediar la política en los casos acaecidos, obviando que las Fuerza de Seguridad del Estado están para lo que están, incluídas las acciones coercitivas en nombre de la ley y ordenadas siempre por quien puede hacerlo para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la vida en armonía, la convivencia pacífica y el respeto a la Ley de Leyes, la Constitución, de la que emana todo el ordenamiento jurídico y las normas de convivencia tanto en España como en cualquier otro país democrático del mundo.
La Voz de Medina y Comarca

Inmomedina genérico

4 COMENTARIOS

  1. Señores de La Voz de Medina y Comarca

    Su editorial contiene algunas afirmaciones que es necesario matizar. La discrepancia sobre determinadas actuaciones de cualquier institución del Estado no solo es necesaria que se conozca y se debata, al contrario, es un deber ciudadano que no debería atribuirse al o la delincuente.

    En relación a los hechos ocurridos en durante la jornada de referndum convocado por el Gobierno catalán el 1O es necesario desligarlos de la labor de las fuerzas de seguridad en la lucha antiterrorista, antidroga, etc. que en terminos generales, la opinión pública no cuestiona. Sin embargo, quienes vimos las imágenes de personas mayores y de todas las edades golpeadas en sus cabezas, sangrando y maltratadas por el mero hecho de ejercer uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho a votar, de libre expresión y circulación no podemos menos que mostrar nuestro contundente enfado por la actuación de la policía.

    Ninguna decisión policial, política o judicial debe vulnerar los derechos elementales de las personas en un Estado democrático de Derecho. Las personas mayores forman parte de un sector sumamente vulnerable de nuestra sociedad y su cuidado y bienestar forman parte de nuestras obligaciones cívicas y nuestra escala de valores como sociedad democrática avanzada. Por ello, quienes contraponen criterios jurídicos para justificar las decisiones políticas o policiales que dieron lugar a las agresiones contra una población indefensa y pacífica dejan a la luz graves contradicciones. Un saludo.

  2. Voy a pegar un palo a los bancos de la plaza el lunes. Calculo, que medio millón de euros.
    Vendré corriendo a mi casa y sentaré en la puerta a todas mis amigas del hogar de los jubilados y a mis nietas con sus amigas.
    Cuando el juez decreté mi detención, no podrá entrar la policía.
    A que es buena idea ?

  3. Como chiste vale Poncio, pero faltan argumentos. Estos días se han movilizado miles de personas en toda la geografía española ya sea a favor o en contra del derecho a decidir del pueblo catalán. Y todas esas movilizaciones son legítimas y expresan la diversidad de posturas respecto al conflicto. Desde luego, quedan excluídos de esta legitimidad democrática los grupos de ultraderecha que han salido solo con la intención de agredir a quienes piensan diferente y de paso intentar imponer sus ideología de odio.

    Señalar que la gente que acudió a votar a la convocatoria del referndum del 1-O eran personas manipuladas, carentes de voluntad y de razones es una interpretación muy reducida. Lo sucedido ese día y al siguiente en Cataluña refleja una realidad compleja, que no desaparecerá solo por el hecho de ponerle etiquetas. No es necesario estar de acuerdo con la ideas independientistas, constitucionalistas, unionistas o dialogantes para reconocer que el conflicto entre una gran parte de la población catalana y las instituciones del estado existe. Intentar echar una cortina de botes de humo o una lluvia de porrazos para recuperar la normalidad nunca funciona. Un saludo.

  4. Julio, vete a Cataluña.
    El que este contra la Ley se arriesga a sufrir sus consecuencias, y si solo es un porrazo que se aguante.
    Ya esta bien de tanta defensa de la ilegalidad. Los que allí estaban no eran inocentes, los policías sí.

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